Cristiano Ronaldo deja el fútbol español sin terminar de cerrar sus problemas fiscales

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha puesto fin a su aventura en el Real Madrid y en el fútbol español, donde ha sido una de sus grandes estrellas en las últimas nueve temporadas, pero en el que también ha sido protagonista por unos problemas fiscales con la Hacienda española aún no resueltos oficialmente, aunque con un posible preacuerdo para hacerlo.

Fue hace casi un año, el 13 de junio de 2017, cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el futbolista por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponían un fraude tributario de 14,7 millones de euros.

La Fiscalía subrayó que el luso se había aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, lo que suponía un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en España.

Según la denuncia del Ministerio Fiscal, Ronaldo, residente fiscal en España desde el 1 de enero de 2010, prácticamente medio año después de haber fichado por el Real Madrid, optó en noviembre de 2011 por el régimen fiscal español aplicable a los trabajadores desplazados al territorio nacional por lo que tendría que haber grabado en 2011 sus rentas obtenidas en suelo español al tipo del 24% y al tipo del 24,75% en los tres ejercicios posteriores. Sin embargo, habría dejado de pagar a las arcas públicas españolas casi 1,4 millones de euros en 2011, 1,66 en 2012, 3,2 en 2013 y 8,5 en 2014.

En este sentido, la Fiscalía apuntó que el delantero portugués simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único, y que presentó en su declaración del IRPF del ejercicio de 2014 una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros cuando "verdaderamente" fueron de casi 43 millones de euros.

Por último, la Fiscalía señaló que Cristiano Ronaldo no incluyó "voluntariamente" unos ingresos que la Agencia Tributaria cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020 llamada Adifore Finance LTD que sólo operaba para territorio español.

"El Real Madrid CF muestra su plena confianza en nuestro jugador Cristiano Ronaldo, que entendemos ha actuado conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales", respondió entonces el club madridista en un comunicado, donde recalcó que estaba "absolutamente convencido" de que el jugador demostraría "su total inocencia en este proceso".

"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos", señaló por su parte el todavía por entonces jugador madridista en su declaración ante el juez el 31 de julio de 2017.

Ese día indicó también que siempre pide a sus asesores "que lo tengan todo al día y correctamente pagado" para evitar problemas y que "jamás" había tenido problemas tributarios en los demás países en los que ha residido, explicando que la estructura que usa para gestionar sus derechos de imagen la creó en 2004 cuando todavía vivía en Inglaterra, "legal y legítima" para las autoridades fiscales de Reino Unido.

Desde entonces, el principal objetivo de Cristiano Ronaldo ha sido el de intentar llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria para evitar ir a la cárcel y justo horas antes de su debut en el Mundial de Rusia se informaba de "un preacuerdo" para pagar 18,8 millones de euros y aceptar dos años de cárcel al reconocer los cuatro delitos fiscales de los que se le acusaba, según confirmaron fuentes de la investigación a Europa Press.

En el caso de los dos años de prisión, se sustituirían por una multa, que variaría conforme a su capacidad económica y podría oscilar entre 576.000 y 360.000 euros dependiendo de la cantidad que fijen Fiscalía, Abogacía del Estado, Hacienda y la defensa del jugador, mientras que la pena quedaría en suspenso.