El 85% de los inmuebles en España no tiene el certificado de eficiencia energética

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 85% de los inmuebles que deberían tener un certificado energético en vigencia incumple con la normativa europea que establece la obligatoriedad de esta certificación un año después de su aprobación, y tan solo el 15% restante cumple con el reglamento, según Alquiler Seguro, que asegura esta normativa "se ha convertido en un mero mecanismo recaudatorio".

Según destaca el director comercial de Alquiler Seguro, David Caraballo, "la poca información, la falta de concienciación y la escasez de ayudas administrativas para la implantación de la normativa convergen en un fracaso de la Dirección General de Industria, Energía y Minas".

Así, Caraballo subraya que "propietarios e inquilinos lo entienden como un gasto más, ya que no se le ha dado el sentido que tiene a nivel europeo como información y mejora del consumo energético de las viviendas", y apunta que, a pesar de que la ley establecía medidas sancionadoras, "nunca se han producido".

En este sentido, Alquiler Seguro indica que en lo que va de año sólo la Comunidad de Madrid ha interpuesto una sanción económica a un profesional que falseó los datos de la expedición de un certificado de eficiencia energética.

Por otro lado, Caraballo asegura que "tener un certificado A o G no influye en la toma de decisión de los inquilinos, sigue primando la cercanía al trabajo o las comodidades del piso muy por encima de la eficiencia energética".

Además, Alquiler Seguro señala que las trabas burocráticas y la no homogenización por parte de las comunidades es uno de los mayores inconvenientes. Caraballo aclara al respecto que "algunas comunidades cobran, otras establecen impuestos especiales, en otras es gratis. Si hubiese una normativa común no habría tanta confusión entre los afectados".

Por último, Alquiler Seguro asevera que si la implantación de la normativa sobre el certificado energético se acompañase con incentivos económicos reales, se fomentaría la lucha contra la economía sumergida. Asimismo, anima a la administración a regular y vigilar la problemática que arrendadores y arrendatarios encuentran con las compañías de suministros energéticos.