ERC pide en el Congreso restringir la compra de vivienda a extranjeros que lleven menos de cinco años en España

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide restringir la compra de viviendas a los ciudadanos extranjeros no residentes en España, excepto que estos puedan acreditar cinco años de residencia continuada en el país.

Mediante su iniciativa, el grupo independentista busca poner coto a una especulación inmobiliaria que "expulsa a la ciudadanía". La formación argumenta que el 15% de las compraventas de inmuebles en Cataluña son realizadas por extranjeros y en el 60% de los casos se trata de operaciones efectuadas sin financiación.

Por este motivo, ERC pide al Gobierno que limite la compra de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros no residentes, siguiendo el ejemplo de países como Canadá, Dinamarca o Nueva Zelanda. "No podemos permitir que la vivienda se convierta en un lujo reservado a grandes capitales internacionales mientras la población local sufre para acceder a ella", ha denunciado la diputada Etna Estrems.

EXAMINAR A LOS QUE QUIEREN COMPRAR VIVIENDA

En este contexto, ERC también pide desarrollar un sistema de autorización previa para garantizar que el extranjero que quiere comprar esa vivienda tiene cinco años de residencia consecutivos. La idea es que mediante este sistema, las personas que vayan a comprar una casa también acrediten su elegibilidad mediante la solicitud de un permiso ante el departamento competente de la comunidad autónoma.

ERC quiere que las comunidades autónomas puedan ampliar estas limitaciones según las necesidades de su territorio. En concreto, pide que las medidas propuestas se incluyan en el marco legislativo vigente en materia de vivienda, o bien tramitar una normativa específica, garantizando que las comunidades autónomas tengan competencia para evaluar los expedientes de las personas interesadas en adquirir una propiedad.

Por último, el partido añade una petición para establecer un régimen diferenciado para que las empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea que, bajo ciertas circunstancias, no estarán obligadas a solicitar el permiso mencionado para adquirir un inmueble comercial, con el objeto de garantizar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en el mercado interior.