El PP plantea eliminar las zonas de mercado tensionado y agilizar trámites para liberar suelo

Propone reducir de 1.800 euros a 1.050 euros mensuales el umbral de vulnerabilidad de un inquilino

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha planteado modificar la ley de vivienda, eliminando "las fracasadas zonas de mercado tensionado y el intervencionismo que ha destrozado el sector" y aboga por acciones que promuevan el incremento de la oferta de viviendas.

"El problema de la vivienda se ha convertido en el principal problema para el bienestar de las familias y el proyecto de vida de millones de jóvenes. Y hay un culpable, que es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, en rueda de prensa, para presentar algunas líneas del plan de vivienda del PP.

A falta de conocer la totalidad de la propuesta --que se irá desgranando en los próximos días--, el proyecto planteado por el PP incluye medidas para liberar suelo, tanto desde el Gobierno central como desde las comunidades autónomas y ayuntamientos, y reducir los plazos para la construcción de vivienda, eliminando burocracia y agilizando trámites administrativos. Por eso, los 'populares' plantean modificar la ley del suelo.

El PP también plantea dar facilidades para el alquiler y compra de vivienda a jóvenes y familias, con la exención de impuestos a los jóvenes durante los cuatro primeros años o la bonificación del 100% en el impuesto de sucesiones y donaciones por familiares para comprar una vivienda.

Paloma Martín ha avanzado que su formación propone también modificar la ley de vivienda, eliminando "las fracasadas zonas de mercado tensionado y el intervencionismo que ha destrozado el sector". La propuesta es sustituir esto por acciones que promuevan el incremento de la oferta de viviendas.

REDUCIR EL UMBRAL DE VULNERABILIDAD A 1.050 EUROS MENSUALES

La Ley de Vivienda define como personas en situación de vulnerabilidad económica a aquellas personas cuyos ingresos no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente son unos 1.800 euros.

Además, se establece que, en caso de juicio de desahucio por impago, el tribunal deberá apreciar "con carácter general" que el inquilino está en situación de vulnerabilidad económica cuando los ingresos no superen tres veces el Iprem --los 1.800 euros mensuales--.

El PP propone que se rebaje este requisito de 1.800 euros de ingresos a 1.050 euros, 1,5 veces el Iprem, lo que facilitaría el desalojo de un inquilino que no haya cumplido con los pagos del alquiler si acredita que cobra más de 1.050 euros mensuales, en lugar de los 1.800 euros actuales.

Fuentes del PP señalan que los caseros están pidiendo 2.000 euros de nómina para alquilar un piso porque la actual ley de vivienda ha fijado el umbral de vulnerabilidad en 1.800 euros, tres veces el Iprem. "A todas luces una persona que cobra 1.800euro no es vulnerable. Queremos rebajar ese límite para facilitar a los jóvenes con sueldos medios el acceso al alquiler", aseguran desde el PP.

Por ello, se propone que ese umbral sea 1,5 veces el Iprem, que son 1.050 euros al mes o 12.600 euros al año, que es una referencia que se usa en otros indicadores, como por ejemplo el bono social eléctrico. "Necesariamente la situación de vulnerabilidad tiene que estar por debajo del salario mínimo", argumentan los 'populares'.

En el plan, el PP también reivindica la tramitación de la ley antiokupación, que supone el desalojo de los 'okupa' en 24 horas. "La presidenta del Congreso tiene secuestrada la ley en el cajón de forma antidemocrática porque fue aprobada por mayoría en el Senado", ha recordado.

"Protegeremos a inquilinos y a propietarios, no a los okupas y a los inquiokupas, que tanta inseguridad provocan cuando no alteran la convivencia de los vecinos y barrios", ha enfatizado.

NO ESPERAN APOYO DE BILDU, ERC O PODEMOS A LA PROPUESTA

Respecto al trámite de la propuesta de ley, Martín ha aclarado que, cuando se registre "en unas semanas" en el Congreso, el PP estará abierto a hablar "con todos los grupos parlamentarios, para concitar el mayor apoyo posible".

"Recordar quiénes son los socios en materia de vivienda del Gobierno, que son Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, y Podemos. Por lo tanto, de esos partidos, francamente, no esperamos que puedan sumarse a nuestra iniciativa", ha reconocido.

Según Martín, desde la puesta en marcha de la ley de vivienda hace dieciséis meses, la oferta del alquiler se ha reducido un 15%, los precios se han incrementado un 13% y la inversión en el sector inmobiliario ha caído solo en 2023 un 36%.

El PP ha criticado que los socios del Gobierno en materia de vivienda son Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, y Podemos, "con unas políticas intervencionistas que han mostrado su fracaso donde se han aplicado".

"Cuando miran a los nacionalistas encuentran en su ánimo solo sacar tajada para su financiación independentista, para montar embajadas, no para construir hospitales ni colegios, y menos aún para vivienda. Con el cupo separatista podrían levantarse 100.000 viviendas a la vista de los datos", ha señalado Martín.

RECLAMAN RECTIFICACIÓN MINISTRA DE VIVIENDA POR "AMENAZAR" A CCAA

Desde el PP han vuelto a pedir a la ministra una rectificación inmediata de sus palabras acusando a las comunidades autónomas de incumplir la ley de vivienda.

"De la simple lectura de la ley se da uno cuenta rápidamente que la potestad de establecer zonas de mercado tensionado se deja en manos de las comunidades autónomas", ha defendido Martín.

Además, la vicesecretaria del PP también ha reclamado a Isabel Rodríguez que "no amenace" a las comunidades autónomas que no quieren declarar zonas de mercado tensionado con condicionar los fondos y la financiación estatal que reciben, "porque las regiones conocen los efectos perjudiciales que tiene en el mercado de la vivienda".

De hecho, desde el PP han defendido que hay comunidades autónomas que están reformando sus leyes de suelo para reducir los plazos y los trámites burocráticos y para poder sacar suelo al mercado y que se construya vivienda en colaboración público-privada. Además, ha asegurado que los ayuntamientos también están modificando sus normas urbanísticas para agilizar trámites y también para sacar suelo a disposición del mercado.