BRUSELAS, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha planteado este miércoles la posibilidad de que un grupo de Estados miembros se coordinen para realizar compras conjuntas de gas en caso de que se produzcan situaciones de perturbación grave del suministro.
Esta medida es una de las peticiones que España lleva haciendo a Bruselas desde el mes de octubre, en su campaña por tejer alianzas en Europa para una respuesta común europea al problema del precio de la luz.
La propuesta se enmarca en el último paquete energético del Ejecutivo europeo para abordar la descabornización del mercado de gas y contribuir a la transición verde en la UE.
En todo caso, la idea es que el mecanismo sea voluntario y se ponga en marcha "en casos de emergencia", una situación que la Comisión Europea vincula a problemas de suministro y no vería justificado en el contexto actual de alza de precios.
Los Estados miembros interesados tendrían que notificar a Bruselas la operación, quien la autorizaría tras verificar que respeta las reglas de competencia y mercado interior.
Durante la presentación de las medidas, la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha defendido que el sistema propuesto es "directo" y permitirá a los Estados miembros establecer los parámetros de la compra, como la cantidad y uso de la energía que adquieran de forma conjunta.
"Es un verdadero enfoque europeo de abajo arriba, en el que los países se organizan voluntariamente según sus necesidades y la Comisión garantiza transparencia y respeto a las reglas", ha expuesto la comisaria estonia.
Eso sí, Simson ha descartado "un riesgo inmediato de suministro" en Europa, pese a que ha concedido que los análisis del mercado prevén que las reservas energéticas europeas sigan en niveles bajos.
"Ahora mismo el nivel de reservas están impactados por el aumento de demanda y el menor suministro global. Ahora están en el 62% de capacidad y esto es el 12% menos de lo habitual", ha explicado.
El Ejecutivo europeo abre la puerta a crear también reservas de gas conjuntas, aunque pide a los Estados miembros interesados aportar análisis sobre sus niveles de almacenamiento y posibles riesgos aparejados para el suministro.
Así, tendrán que estudiar posibles contramedidas para corregir esos riesgos, entre las que Bruselas sugiere obligaciones de almacenamiento mínimo, licitaciones y subastas de gas.