CNMC propone mejorar la normativa de control metrológico de contadores de gas y de estaciones de recarga

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado, entre otros, justificar las razones para la exclusión del control metrológico sobre determinados contadores de gas y valorar la incorporación dentro del ámbito de aplicación de la norma de los surtidores de las estaciones de carga de vehículos de Gas natural licuado (GNL) para su uso como carburante.

Estas recomendaciones llegan después de que el organismo haya analizado el proyecto de orden ministerial que modifica la Orden que regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida (IPN/CNMC/016/24).

Así, la CNMC ha apuntado respecto a las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, que se debería reforzar la justificación del periodo transitorio establecido de 4 años y evaluar el impacto económico de la normativa, cuantificando los costes derivados de las modificaciones en las estaciones.

Del mismo modo, ha aconsejado tener en cuenta los requerimientos para tecnologías de sistemas de recarga bidireccionales en la normativa en tramitación.

La norma ministerial no introduce modificaciones sustanciales en el esquema general de funcionamiento del sistema de control metrológico del Estado y se adecúa al marco regulatorio nacional e internacional.

El proyecto se estructura en dos partes: disposiciones generales sobre el control metrológico del Estado y anexos con los requisitos específicos para cada tipo de instrumento de medida, como contadores de agua, gas, y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

En general, las medidas de control metrológico del Estado sobre los instrumentos de medida pretenden reducir la asimetría de información en las operaciones comerciales, facilitando un mayor número de transacciones y generando un efecto económico positivo.

Las medidas regulatorias se dividen entre las que establecen requisitos técnicos para los instrumentos de medida y las que regulan la actividad económica de verificación, abierta a la competencia. Todas estas medidas de intervención pública deben respetar los principios de buena regulación y los compromisos internacionales de España, destacando la aplicación del principio de neutralidad competitiva.