El IEE critica la reforma del mercado eléctrico del Gobierno y apuesta por un sistema "unificado" para Europa

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha criticado la reforma del mercado eléctrico europeo propuesta por el Gobierno español y ha defendido "apostar por un sistema unificado de reglas en Europa", eliminando así "una fragmentación a través de distintas legislaciones" dependiendo del país.

En rueda de prensa para presentar el informe 'Buenas prácticas regulatorias. Una propuesta para el sector eléctrico español', el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, afirmó que una reforma estructural del mercado eléctrico "no debe estar motivada en la excepcionalidad" por la actual crisis por la guerra en Ucrania, sino "en las buenas prácticas regulatorias que han inspirado la creación del
mercado interior a lo largo de las últimas décadas".

Por ello, opinó que la reforma del mercado propuesta por el
Gobierno español, que fue el primero en lanzar una propuesta de reforma que apuesta por instaurar un mayor control en los precios con la introducción masiva de los denominados contratos a plazo por diferencias (CfDs, por sus siglas en inglés), precios regulados para las nucleares e hidráulicas y contratos por capacidad, "adolece de serias deficiencias".

"Yo creo que tenemos que ser conscientes que el dar pábulo a que cada país pueda regular el sector eléctrico a su manera nos perjudica. Yo creo que es un principio que se debería defender. Es decir, al margen de las medidas que con carácter temporal se hayan tenido que producir como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, España debería apostar claramente por un sistema unificado de reglas en Europa", añadió.

Así, el 'think tank' de la CEOE abogó por un sistema donde se "defienda" los contratos a plazo y exista un sistema marginalista que "lance mensajes de precios en los mercados y el mercado se pueda ajustar ante la escasez o abundancia de energía".

"LA GENTE INVERTIRÁ FUERA DE ESPAÑA".

De esta manera, Fernández de Mesa aseguró que la existencia de un mercado eléctrico único europeo es "absolutamente fundamental", ya que si existe un 'cap' (tope de precio) en España "muy por debajo del europeo, la gente va a invertir fuera de España y no va a invertir en España", indicó, señalando que es "imprescindible" preservar la estabilidad jurídica y la ortodoxia regulatoria.

El estudio también destaca que el marco institucional en España, en lo relativo a los indicadores de gobernanza relacionados con la calidad regulatoria y el cumplimiento de la ley, "no está en línea con el promedio de la UE", donde España ocupa el puesto 25 de 30 países en cuanto a calidad regulatoria y el puesto 23 de 30 países en cuanto a seguridad jurídica, con "una significativa caída" en ambos rankings.

ELIMINAR EL PVPC.

Por otra parte, IEE también se mostró a favor de la eliminación de la tarifa regulada para los consumidores de luz, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), y consideró que solamente debería existir de manera excepcional para el "último recurso".

Así, a pesar de estimar que la reforma aprobada la pasada semana por el Gobierno del PVPC, que busca aportar más estabilidad a las facturas finales de los consumidores dando un mayor peso progresivo a los mercados de futuros, es mejor que la existente, el 'think tank' aseguró que una tarifa regulada de la luz en el mercado minorista de electricidad puede ser "innecesaria y se superpone con soluciones que ya provee el mercado".

Asimismo, al considerar que no debe existir esta tarifa regulada, añadieron que tendría que desvincularse de ella el cobro de los bonos sociales eléctrico y térmico que perciben los consumidores vulnerables, que deberían fusionarse en un único instrumento de ayuda a estos consumidores con el objetivo de facilitarles el pago de la factura energética.

Finalmente, el IEE criticó las medidas "extraordinarias y desiguales" adoptadas por España para afrontar la crisis por Ucrania, como el establecimiento a las empresas de un gravamen sobre ingresos en lugar de aplicar sobre beneficios extraordinarios como establecía el Reglamento Europeo, entre otras.