MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sector de los carburantes ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que refuerce su labor de supervisión para prevenir el fraude y agilice la tramitación de expedientes sancionadores, según informan en un comunicado conjunto Aevecar, AOP, CEEES y UPI, que han mostrado su disposición a colaborar.
El sector viene demandando una mayor determinación para erradicar el fraude en la distribución de carburantes --como el impago del IVA-- y señalando que las modificaciones adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre son "insuficientes".
Además, las asociaciones firmantes subrayan que el fraude afecta a distintas fases de la cadena de valor y ve necesarias la adopción de medidas en diferentes ámbitos para erradicar dicho fraude.
Los operadores y distribuidores han agradecido que la CNMC "comparta y trabaje en algunas de las demandas del sector", como es la aplicación proactiva de todos los mecanismos de supervisión que tiene a su disposición para identificar comportamientos fraudulentos y anticompetitivos.
Además, el sector ha compartido la necesidad de mantener una interlocución "fluida" y un intercambio de información constante con el resto de organismos con competencias en la materia (Miteco, AEAT y CORES).
EL SECTOR PLANTEA GARANTIZAR EL PAGO DEL IVA AL ESTADO
A principios de junio de este año, Aevecar, AOP, CEEES y UPI ya organizaron una jornada en la sede de la CEOE para analizar el fraude en la distribución de los carburantes, que lastra la competitividad de los operadores que sí cumplen con la normativa.
Durante la jornada se analizó el impago del IVA, un fraude común por el cual las operadoras infractoras no ingresan el IVA a las arcas del Estado tras extraer los carburantes de los depósitos de la Administración Pública.
Así, las operadores infractoras logran ofrecer precios más bajos para obtener una mayor rentabilidad, y, mediante un entramado de empresas, luego desaparecen antes del plazo de vencimiento para pagar los impuestos. Para combatir este problema, el sector planteó que las operadores garanticen el pago del IVA a la Administración antes de extraer los carburantes.