MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unión Sindical Obrera (USO) ha acudido hoy a la central nuclear de Almaraz en la provincia de Cáceres para mostrar su apoyo a la extensión de la actividad de la central, que si se mantiene el calendario cerraría entre 2027 y 2028, una agenda de cierres que aspira a acabar con las nucleares en España para 2025 y que USO pide al Gobierno que deje sin efecto.
De esta manera, USO apuesta por un modelo energético que combine las diferentes fuentes de energía y que no busque acabar con la energía nuclear en España.
"No es de recibo que, mientras países como Francia, Finlandia o Bélgica apuestan por esta fuente de energía; o Suecia, Chequia, Polonia e Italia piensan en retomar la actividad de sus centrales cerradas en los 90, España tenga un calendario de cierre para las suyas. Es ir a contracorriente y no tiene ningún sentido", ha argumentado el secretario de Organización y Acción Sindical de USO-Industria, Raúl Montoya.
El cierre de todas las centrales nucleares supondría la pérdida de 15.000 puestos de trabajo y un impacto económico negativo que superaría los 800 millones de euros, según un informe realizado por la consultora Metyis, que también asegura que el precio del MW por hora incrementaría en 37 euros.
El cierre de Almaraz "afectaría gravemente a la estabilidad del mercado laboral y el tejido empresarial extremeños. Más de 400 empresas dependen directa o indirectamente de la actividad de la central. Algunas de ellas podrían incluso cerrar. Se perderían los puestos de trabajo directos, cerca de 400, con una gran mayoría de personal cualificado, además de los indirectos. Extremadura perdería 3.000 empleos y no se lo puede permitir", ha asegurado secretario de Acción Sindical de USO-Extremadura, Antonio Esteban.
Almaraz aporta el 7% de toda la demanda eléctrica de España y su cierre puede provocar su encarecimiento e inestabilidad en las compañías eléctricas, advierte el sindicato.
USO concluye que no se debe demonizar a la energía nuclear y recuerda que el desmantelamiento de Almaraz provocaría la emisión de tres millones de toneladas de CO2 al año para cubrir la cantidad de energía que genera y piden "una política de Estado donde impere el sentido común".