Aeris Invest reclama una indemnización de 217 millones de euros por el 'caso Popular'

Pide que se condene a Santander por responsabilidad civil subsidiaria

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aeris Invest, el vehículo de inversión del empresario chileno Andrónico Luksic, ha reclamado una indemnización de 217 millones de euros por responsabilidad civil a 13 directivos de Banco Popular, a PwC y a Banco Santander por el 'caso Popular'.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha abierto hoy juicio oral contra el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, otros doce directivos, y PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron "engañados", puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio".

Respecto al Santander, el juez ha rechazado la apertura de juicio oral en concepto de partícipe a título lucrativo , pero indica que debe mantenerse su posición como responsable civil subsidiario al ser el sucesor universal del Banco Popular y, por tanto, debe ser la responsabilidad civil subsidiaria el ámbito en el que las partes acusadoras planteen sus legítimas peticiones.

El auto también incluye los escritos de acusación, donde Aeris solicita una serie de penas por los delitos anteriormente mencionados --para PwC pide una multa de 20 millones de euros--, así como una indemnización de 217 millones para cubrir las pérdidas de su inversión en Popular, después de que en la fase de instrucción se haya acreditado "la existencia de perjuicio".

Así, considera que son responsables civiles directos Roberto Higuera, Francisco Gómez, Ángel Ron, Jorge Oroviogoicoechea, Javier Moreno, José María Sagardoy, Jesús Arellano, Antonio Pujo, José Ramón Alonso, Francisco Juan Sancha, Tomás Pereira, Pedro Barrio y José María Sanz.

También se pide considerar a PwC responsable civil y, de forma subsidiaria, a Banco Santander, como sucesor universal del Popular, entidad que compró por un euro en 2017 tras su resolución por las autoridades europeas.