El Banco de España pide preservar la seguridad jurídica ante la incertidumbre por el impuesto hipotecario

Comisión de Economía y Empresa en el Congreso de los Diputados
Ricardo Rubio - Europa Press
Actualizado: miércoles, 31 octubre 2018 18:52


MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado que lo fundamental del debate sobre quién debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) es preservar la seguridad jurídica.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras ser preguntado por la decisión que tomará el Tribunal Supremo el próximo lunes en torno a quién es el sujeto pasivo responsable de pagar dicho gravamen.

Hernández de Cos ha subrayado que el mercado hipotecario es "fundamental" para la economía, tanto para ciudadanos como para entidades financieras. "Para los ciudadanos, porque les permite el acceso a la vivienda, y para las entidades, porque creo que es la parte más significativa de su negocio", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que lo fundamental en esta y otras actividades es preservar la seguridad jurídica. "El análisis económico de las dos últimas décadas, si en algún aspecto se ha desarrollado, es en el papel que juegan las instituciones económicas para el desarrollo de la economía, y el elemento fundamental es la seguridad jurídica", ha apostillado el gobernador del organismo supervisor.

LA CONCENTRACIÓN BANCARIA NO MERMA LA COMPETENCIA

En otro orden de cosas, Hernández de Cos se ha referido a la concentración bancaria que ha experimentado el sector financiero en los últimos años.

En este sentido, ha señalado que, a pesar de que ha aumentado la concentración, desde el Banco de España no tienen la sensación de que se haya producido un deterioro de la competencia. "Al contrario, creemos que hay mucha competencia y además no solo sobre el sector bancario, a los bancos les están saliendo otro tipo de competidores", ha advertido Hernández de Cos, quien ha defendido que los nuevos operadores deben contar con la misma regulación que las entidades tradicionales en el caso de que realicen la misma actividad y asuman los mismos riesgos.