BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un paquete de propuestas llamadas a reforzar la protección de los consumidores en Internet, con medidas como endurecer las condiciones para créditos online de menos de 200 euros o agilizar la retirada de productos peligrosos o fraudulentos de la venta en Internet.
"Impondremos una mayor responsabilidad a los participantes en el mercado y dificultaremos que se escondan detrás de una jerga jurídica complicada", ha dicho en la presentación en Bruselas la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de consumo y justicia, Vera Jourova.
Jourova ha alertado de la velocidad en la que los productos inseguros o fraudulentos han encontrado su espacio de distribución en Internet, gracias al avance de la digitalización y a la pandemia de coronavirus, sin que "nadie parezca hacerse responsable de ellos".
Entre los ejemplos, la vicepresidenta comunitaria ha destacado el modo en que los usuarios de Internet pueden contratar fácilmente créditos "con apenas unos pocos 'click'" a pesar de que en muchos casos pueden incluir cláusulas abusivas.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha puesto como ejemplo los créditos de menos de 200 euros que se pueden contratar online, a menudo con "enormes tasas de interés" y con condiciones poco claras para el usuario habitual de Internet.
En este sentido, ha descartado que introducir restricciones también a los créditos de bajo valor pueda provocar "turbulencias" en el sector y ha destacado que este tipo de medidas no solo refuerzan la protección de los consumidores sino también las de los operadores porque "si hay una protección real es más fácil asegurar que recuperarán su dinero".
Los préstamos de bajo valor están por ahora exentos de las obligaciones que existen en la directiva sobre créditos pero Bruselas quiere que pasen estar sometidos por las mismas reglas, así como los préstamos que se obtienen en plataformas colaborativas o los programas de "comprar ahora y pagar después".
Bruselas también aboga por generalizar la práctica que ya se da en varios Estados miembro para fijar un tope a los intereses de los préstamos al consumo, así como por mejorar la información que se ofrece al consumidor, por ejemplo limitando la cantidad de información publicada cuando se accede desde dispositivos móviles para que los elementos claves se lean y entiendan con mayor claridad.
Además de la revisión de la directiva sobre créditos al consumidor, el otro pilar en el que se apoya la Comisión para reforzar la protección del consumidor es actualizar la legislación que regula la seguridad de los productos, con el objetivo de "organizar" el mercado digital en donde proliferan productos defectuosos, fraudulentos e incluso peligrosos para la salud de las personas.