Calviño critica que la mesa del Congreso haya tumbado la tramitación "urgente" de la Ley Hipotecaria

Recuerda que la sentencia llegará en otoño y que la multa son de 100.000 euros diarios

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado que le preocupa el atasco en la tramitación de la nueva Ley Hipotecaria ante el bloqueo de la mesa del Congreso a su tramitación de manera urgente y la sentencia de Bruselas sobre el retraso de la transposición de la directiva, que llegará, previsiblemente, en otoño, y que costará a España unos 100.000 euros al día.

"Hemos estado trabajando de forma muy intensa durante el verano, pedimos la tramitación urgente en julio y lamentablemente esta semana nos llega la noticia de la que la mesa del Congreso ha frenado la tramitación urgente", ha señalado.

En esta línea, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Calviño ha puesto de relieve que cuando se habla del mercado hipotecario es mejor "tener las reglas claras".

Asimismo, ha asegurado que volverá a urgir esta semana a los diputados para que la tramitación se haga lo más pronto posible. "Estamos a total disposición siempre y cuando no se ponga en riesgo el buen funcionamiento del crédito hipotecario".

Por otro lado, Calviño ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto a trabajar de forma "muy intensa" para aprobar las normas aprobadas en Bruselas, porque dan "seguridad jurídica y porque algunas de ellas van acompañadas de multas millonarias".

UNA REFORMA CON MÁS DE DOS AÑOS DE RETRASO

Pactada con los grupos con los que Rajoy sacó adelante en el Congreso los Presupuestos de 2017 y 2018, la ley de crédito inmobiliario contiene las propuestas de Luis de Guindos para reformar el mercado hipotecario y la trasposición de la directiva europea al respecto. Esta trasposición debería haberse realizado antes de marzo de marzo de 2016, razón por la que España tiene abierto un procedimiento de infracción.

La propuesta del Gobierno establece nuevos plazos al vencimiento anticipado de una hipoteca, limita los intereses de demora -tres veces el interés legal vigente y se aplicarán sobre el principal pendiente de pago-- y facilita la conversión del préstamo hipotecario en divisa extranjera a otra moneda, así como el cambio de préstamo hipotecario con interés variable a fijo.

Por otra parte, la norma incluye la posibilidad a ambas partes de adherirse de forma voluntaria a un contrato tipo en el que se establezcan las cláusulas fundamentales del contrato, y obliga a la entidad a remitir siete días naturales antes de firmar el contrato una ficha con las principales características del contrato, cláusulas suelo incluidas, con estimaciones en distintos escenarios de interés.

En esos siete días, el consumidor deberá acudir al notario para responder a las preguntas que le plantee y donde le explicará todas las cláusulas sensibles, debiendo firmar un acta, gratuita para el prestatario, en la que manifestará conocimiento de toda la información necesaria.

"NO ES MOMENTO DE PLANTEARSE VENDER BANKIA"

Por otro lado, preguntada sobre la privatización de Bankia, la ministra de Economía ha afirmado que "no es momento de plantearse vender" cuando los precios de mercado "son tan bajos".

No obstante, ha apuntado que para el Gobierno hay objetivo de privatización, aunque "no será mañana". "Tenemos tiempo para considerar las diferentes opciones", ha resaltado la ministra.

También ha recordado que la entidad está gestionada de forma profesional y que tiene resultados "correctos" desde la perspectiva del resto del sistema financiero.

Sobre el posible impuesto a las transacciones financieras que el Gobierno implantaría en los Presupuestos del año próximo, la titular de Economía ha señalado que ya hay países que tienen este tipo de tasa, como puede ser Francia.

Así, ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez tendrá en cuenta el modelo francés, ya que la valoración de Francia ha sido "muy positiva" desde el punto de vista de la recaudación. No obstante, ha destacado que el Gobierno está trabajando sobre este modelo, aunque considera que habrá que adaptarlo a la realidad española y consultarlo con los organismos especializados en el sistema financiero.