El CES pide que la futura ley de administradores de créditos tenga un "mejor equilibrio" entre sus objetivos

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) ha pedido que la futura ley de administradores y compradores de crédito tenga un "mejor equilibrio" entre sus objetivos, que serían, por un lado, crear un entorno apropiado para que las entidades y establecimientos financieros de crédito puedan hacer frente a los préstamos dudosos en sus balances y reducir el riesgo de una acumulación futura y, por el otro, el de mejorar la protección de los consumidores, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad económica.

Se trata del dictamen que el organismo ha elaborado tras revisar el Anteproyecto de ley que aprobó en mayo el Consejo de Ministros y cuyo objetivo es transponer la Directiva (UE) 2021/2167 para establecer, en la Unión Europea, un marco común y los requisitos relativos tanto a los administradores como a los compradores de créditos de los derechos del acreedor derivados de un contrato de crédito dudoso o del propio contrato de crédito dudoso.

El CES inicia su argumentación subrayando que comparte los fines de la directiva europea, puesto que generar un entorno apropiado para la gestión de los préstamos dudosos y reducir el riesgo a una acumulación futura de estos créditos, permitirá mejorar la solvencia de las entidades, preservando la competitividad y productividad del sistema financiero, y con ello, de la economía en su conjunto.

También cree que el desarrollo de mercados secundarios de créditos dudosos contribuirá a alcanzar una "mayor competencia" en el sector bancario, estructurada y que ofrezca garantías, mejorando la estabilidad financiera. Asimismo, el CES aplaude que la futura norma trate de "mejorar" la protección de los derechos de las personas consumidoras.

A grandes rasgos, el CES considera que el Anteproyecto diseñado por el Gobierno realiza una transposición "correcta y adecuada" de la directiva y, por tanto, da una valoración positiva al texto. Explica que el Anteproyecto establece la obligación de que las entidades financieras ofrezcan al consumidor vulnerable y con un préstamo dudoso un plan de pagos individualizado ante la venta o cesión de su crédito a un tercero.

Este plan de pagos incluye medidas como esquema de quitas lo que, a juicio del consejo, "condiciona la capacidad de maniobra de las entidades financieras españolas a la hora de gestionar los riesgos de impago".

Por ello, cree que el Anteproyecto "debe encontrar" un mejor equilibrio a la hora de atender los distintos objetivos de la futura norma.

Destaca de forma positiva que el texto contemple el derecho de los posibles compradores de créditos de recibir la información necesaria para valorar los préstamos, de tal forma que "se reduce las asimetrías de información" entre los compradores potenciales y los vendedores de contratos de crédito.

Sin embargo, el CES cree que el Anteproyecto tiene una "falta de concreción" sobre esta información, lo que podría generar inseguridad jurídica para los diferentes actores del mercado secundario de créditos dudosos. En concreto, señala la falta de especificidad de término "posible comprador", ya que no "delimita suficientemente" el ámbito subjetivo de las entidades que tienen derecho a recibir la información.

Además, sostiene que sería adecuado incluir de forma expresa que los datos que permitan identificar de forma individualizada a los prestatarios de créditos dudosos sean suministrados solo en caso de que sea imprescindible para la evaluación del valor de sus créditos.

En cambio, resalta especialmente la idea del Gobierno de "ir más allá" de lo dispuesto en la directiva para ofrecer una protección especial a los prestatarios en situación de vulnerabilidad, en concreto, en el negocio de préstamos al consumo, puesto que los clientes hipotecarios se encuentran protegidos por los Códigos de Buenas Prácticas.

No obstante, el CES aprovecha para llamar la atención sobre los problemas en la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su brecha de cobertura en relación con los potenciales beneficiarios, puesto que en 2023 un 53% de estos potenciales beneficiarios "no accedió al mismo".