La defensa de Celma reprocha a la fiscal convertir el plenario de Bankia en otra fase de instrucción

El abogado defensor del socio auditor de Deloitte Francisco Celma ha reprochado que la fiscal Carmen Launa haya convertido el plenario del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en "una segunda fase de instrucción", introduciendo nuevos hechos en su escrito de calificación final y acusando finalmente a Celma, para el que pide dos años de cárcel por considerarlo "cooperador necesario" del delito de estafa a inversores.

El abogado ha cargado contra el "elevado número de errores" del informe final del Ministerio Fiscal, a quien acusa de romper la "lógica del procedimiento penal", que consistiría en comparecer en el juicio con una tesis acusatoria que trata de demostrar durante el procedimiento.

"Eso no ha ocurrido aquí, desde el primer momento fue evidente que la representante del Ministerio Fiscal estaba incómoda con el escrito de conclusiones provisionales que había heredado de su predecesor y se puso a buscar una nueva tesis. El Ministerio Fiscal ha convertido el plenario en una segunda fase de instrucción y en ella hemos acabado acusados", ha criticado el letrado.

El abogado también ha resaltado que la fiscal ha utilizado a Celma, según sus necesidades, como acusado, considerándolo miembro de "una banda criminal" durante 2010 y parte de 2011, y como testigo, siendo "el héroe" durante parte de 2011 y 2012 al negarse a elaborar el informe de auditoría de las cuentas de Bankia del ejercicio 2011.

Para acusarle de cooperar en la falsedad de las cuentas de BFA de 31 de diciembre de 2010, la Fiscalía se apoya en el informe de PwC y en los de los peritos judiciales, que "no tienen nada que ver".

LAS PÉRDIDAS ERAN ESPERADAS, NO INCURRIDAS

La tesis de la fiscal es que las cajas encargaron a PwC un trabajo para identificar la pérdida económica, que solo fue provisionada en parte y dio lugar a "un déficit de provisiones que es el pecado original del caso Bankia", un discurso acusatorio que "se cae como un castillo de naipes", ya que el informe se encargó para analizar la perdida futura esperada, no la incurrida, como explicaron sus autores durante la testifical.

PwC apuntó a una horquilla de entre 6.800 y 8.200 millones en función del escenario. De su lado, el Banco de España sometió a las cajas a una inspección durante todo 2010 y calculó que la pérdida esperada ascendía a 8.084 millones.

La norma establece que, en una combinación de negocios, la entidad resultante puede estimar las pérdidas futuras y cargarlas contra reservas estableciendo provisiones. Los administradores de la entidad dotaron 9.207 millones, lo que al auditor externo le pareció "razonable" teniendo en cuenta todo lo anterior.

El abogado ha reprochado que la fiscal haya puesto sobre la mesa "a ultimísima hora" un déficit de 6.000 millones, una cifra que solo surge en su escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía, sin ser objeto de debate en la prueba pericial conjunta. "El cálculo es extremadamente burdo y de una manifiesta falta de conocimientos contables", ha apostillado.

El abogado ha asegurado que los informes de los peritos judiciales Busquets y Sánchez Nogueras "van de anomalía en anomalía" y han sido "contradichos" por el Banco de España. "Esto es insólito. Personas que han comparecido en esta causa y que en el organigrama del Banco de España estaban por encima de Busquets y Sánchez Nogueras, como Comín, González, Herrera y Martínez Tello, no han validado en el plenario sus tesis", ha resaltado.

Además, el abogado ha destacado que las discrepancias entre los informes de los dos peritos judiciales superan los 6.000 millones de euros, con 13 puntos de no coincidencia, lo que debilita su tesis acusatoria. ¿Cómo dicen que las cuentas no reflejaban la imagen fiel, si no son siquiera capaces de decirnos cuál era la imagen fiel?", ha cuestionado el letrado.

EL EXPEDIENTE DEL ICAC NO PRUEBA LA FALSEDAD CONTABLE

Respecto a los indicios de la participación de Celma en los supuestos hechos delictivos, la fiscal utiliza, entre otros, el precio de la salida a Bolsa de Bankia. "Que Bankia saliese al mercado a 3,75 euros, desde el punto de vista contable, no generaba nada, simplemente es una cuestión a seguir y a revisar a 31 de diciembre de 2011. Se nos ha dicho que el precio era un indicio de falsedad contable en BFA y eso es un disparate", ha explicado el abogado de Celma.

Por otra parte, se ha referido al expediente incoado por el ICAC a Deloitte por los trabajos de auditoría realizados en los estados financieros intermedios de Bankia a 31 de marzo y 30 de junio de 2011, que plantea que se podría haber cuestionado su independencia y que se habrían incumplido determinadas normas técnicas y del que la fiscal deduce que dichos estados financieros no reflejaban la imagen fiel y el auditor debió poner salvedades y no lo hizo.

La resolución administrativa, que fue recurrida y está paralizada a la espera de que finalice el presente procedimiento, ha sido cuestionada por un órgano consultivo dentro del ICAC, que llegó a cuestionar que se había vulnerado el derecho de defensa.

El abogado ha señalado que, en cualquier caso, el expediente "no tiene relevancia alguna" para el tribunal del caso Bankia. Ha recordado que el supuesto problema de independencia no cabría debido a que fue la CNMV la que pidió dicho informe de cara a revisar la salida a Bolsa de la entidad y que Deloitte no está de acuerdo con el supuesto incumplimiento de normas técnicas, que en ningún caso indica que las cuentas no reflejasen la imagen fiel o que la firma debiese poner salvedades. "Es un salto argumentativo que no puedes dar de ninguna manera sin caerte y hacerte daño", ha afirmado.

A MITAD DE 2011 CELMA SE RECONVIERTE EN DR. JEKYLL

El abogado de Celma también se ha referido al periodo comprendido entre mitad de 2011 y el año 2012, en el que "deja de ser el malévolo Mr. Hyde y vuelve a convertirse en el pacífico Dr. Jekyll", para realizar una serie de puntualizaciones.

En primer lugar, ha aclarado que el auditor nunca ha dicho que las cuentas de Bankia y BFA de 31 de diciembre de 2011 formuladas en marzo de 2012 no respondiesen a la imagen fiel de las entidades, sino que tuvo problemas para emitir el informe de auditoría por la documentación que le faltaba.

En este sentido, frente a algunas defensas que aseguraron que en abril ya tenía toda la documentación necesaria para emitir su informe, el abogado se ha remitido a la testifical del actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, quien explicó que a su llegada en mayo de 2012 se encontró con que faltaba documentación por entregar al auditor, por lo que se le facilitó en ese momento y pudo entonces estar en disposición de realizar el informe de auditoría de las cuentas de 2011.

Por otro lado, ha reiterado que el supuesto borrador del informe de auditoría que Celma envió a Rodrigo Rato por correo el 19 de abril de 2012 no fue tal, remitiéndose a la comparecencia de la exconsejera Araceli Mora en el comité de auditoría y cumplimiento (CAC) de Bankia del 25 de mayo de 2015, cinco semanas después de que se presentara el documento, cuando en dos ocasiones dijo que "no hubo nunca borrador de auditoría".

A Celma también se ha reprochado que no comunicase al ICAC o al Reigstro Mercantil la imposibilidad de emitir su informe. En este sentido, la normativa dice que el auditor debe hacerlo cuando la causa de no poder emitir el informe es imputable a él, no a la entidad, y ha señalado que para que se decrete una "imposibilidad absoluta" debe transcurrir un año entero.

"El auditor hizo bien su trabajo y cuando pudo emitir el informe de auditoría lo emitió, y cuando no pudo emitirlo no lo emitió, pero siempre desde el cumplimiento de sus obligaciones y siempre actuando desde el cumplimiento que le es exigible", ha asegurado su abogado.