Economía defiende que tomar el control de Sareb permitirá reducir su impacto negativo en las cuentas públicas

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha afirmado que el cambio legal que aprobó ayer el Gobierno para poder tomar el control de Sareb permitirá gestionar la sociedad de manera que se reduzca al máximo el impacto negativo que su situación pueda seguir teniendo en las cuentas públicas.

En una entrevista en el portal 'Estrategias de Inversión' recogida por Europa Press, el secretario de Estado ha precisado que "no es una nacionalización" y ha descartado también que el movimiento del Gobierno sea una manera de nacionalizar las pérdidas del sector financiero.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, emitiendo en el momento de su constitución 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio de pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas.

Al cierre de 2020, tenía pendiente de devolver 34.918 millones de euros. Este importe pasó a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat, que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público, lo que ha llevado al Gobierno ha aprobar un cambio legal para poder incrementar su participación en Sareb, que actualmente se sitúa en el 45,9% a través del FROB (el resto del capital está en manos de bancos y aseguradoras), por encima del 50%, tomando así el control de la sociedad.

Según ha explicado García Andrés, el Real Decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros trata de adaptar la legislación al hecho de que las pérdidas de la Sareb, durante todos estos años, han acabado con su capital privado y la sociedad ha terminado siendo una entidad dentro del ámbito del sector público. "En ese momento, tuvimos que reconocer el impacto en el déficit y la deuda pública. Cuando deja de ser una entidad privada, la situación y el equilibrio patrimonial hay que reflejarlos", ha explicado.

"Lo importante de la modificación de ayer es que, a partir de ahora, hemos quitado obstáculos a la legislación para que el consejo y la gobernanza de la Sareb sea de acuerdo a la naturaleza económica a la que hemos llegado y podamos gestionarlo de una manera que reduzca al máximo el impacto negativo que pueda seguir teniendo sobre las cuentas públicas", ha afirmado el secretario de Estado.

Así, el Gobierno quiere adaptar Sareb a "la nueva realidad" y poder avanzar en el proceso de liquidación de los activos que proceden de la crisis bancaria "con el menor coste para el sector público", ha señalado García Andrés.

EL CAMBIO LEGAL DEL GOBIERNO

El Consejo de Ministros aprobó el martes un Real Decreto-ley que modifica el régimen jurídico de Sareb y permite al FROB elevar su participación en la sociedad por encima del 50%.

El Real Decreto-ley permitirá al FROB adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales, sin la necesidad de que Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.

El 'banco malo' dispondrá de un régimen societario específico hasta su liquidación en 2027 para mantener la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora, si bien le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección.

La modificación del régimen jurídico permitirá incorporar también el impacto social dentro de los criterios de maximización de valor de la acción de Sareb, reforzando su capacidad de colaboración con organismos públicos y entidades no lucrativas con experiencia y competencias en el ámbito de la vivienda social.

Esta habilitación le permite reforzar su compromiso en materia de vivienda social, que ha venido materializando a través de distintos convenios, para maximizar la utilidad social de los inmuebles.

Asimismo, se ajusta el sistema de supervisión a la nueva estructura jurídica de la compañía, manteniéndose el régimen de supervisión por parte del Banco de España.