Economía/Finanzas.- Asaja impugna en vía judicial los acuerdos de Caja España-Caja Duero

Entiende que "se ha burlado la Ley" al apoderar a consejeros con cargos políticos para tomar decisiones propias de órganos de gobierno

LEÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Asaja en Castilla y León y, a su vez, miembro del consejo de administración de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, José Antonio Turrado, ha presentado en los Juzgados de Primera Instancia de la capital leonesa una demanda de impugnación de determinados acuerdos adoptados por dicho órgano en su reunión del 1 de octubre, la primera después de la fusión de las dos entidades que conforman la nueva entidad.

También se han enviado sendos escritos a los organismos reguladores, el Banco de España y la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, para que declaren nulo el acuerdo que se impugna, según informaron a Europa Press fuentes de la referida organización agraria.

En dicha reunión del Consejo se hizo un "apoderamiento mancomunado" a catorce consejeros para adoptar los acuerdos que son competencia de la Comisión Ejecutiva, ya creada pero que aún carece de representantes porque algunas de las personas propuestas por sus partidos políticos eran cargos públicos electos y se veían afectados por las incompatibilidades establecidas en la nueva Ley que regula las Cajas de Ahorro de Castilla y León.

Este apoderamiento contó con los votos en contra de los dos consejeros de Asaja--Vicente de la Peña y José Antonio Turrado--en la entidad de ahorro. En opinión de los abogados del demandante, "este acuerdo se hizo con la intención de eludir la prohibición de que puedan pertenecer a los órganos de gobierno personas con causa de incompatibilidad por razones de cargo político, por lo que la decisión no unánime del Consejo representa un flagrante fraude de ley".

Los consejeros de Asaja en Caja España-Caja Duero, considerando conveniente el establecimiento de una Comisión Ejecutiva como órgano de gobierno de la entidad, exigen que los nombramientos que se produzcan se ajusten rigurosamente al Decreto Ley 2/2010, y por tanto que no tengan cabida los cargos políticos electos.