Empleados de Credit Suisse demandan al regulador financiero suizo por la amortización de bonos AT1

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente 50 empleados de Credit Suisse han demandado a la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma), regulador financiero del país helvético, por anular las primas asociadas a bonos AT1 como parte del proceso de absorción por UBS.

Los trabajadores de la entidad han presentado la denuncia por la amortización de los pluses vinculados a los AT1 tras retirar Credit Suisse la semana pasada una apelación por este mismo asunto. Antes de hacerlo, el banco suizo argumentó que la cancelación de estos bonos no debía extenderse a los capitales contingentes al no ser emitidos por el banco en sí, sino por otras empresas del grupo bancario.

Credit Suisse rehusó entonces explicar los motivos de aquella marcha atrás, si bien el acuerdo de adquisición por UBS contempla que la entidad rescatada no puede tomar medidas legales que pongan en riesgo el plan de fusión impulsado por el Estado suizo tras las turbulencias financieras desatadas por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank.

Los bonos AT1, conocidos popularmente como 'cocos' (bonos contingentes convertibles) generan importantes retornos a sus tenedores en tiempos de estabilidad, aunque si un banco tiene dificultades económicas, son de los primeros instrumentos financieros en liquidarse.

Los tribunales suizos ya contabilizan, al menos, 230 apelaciones presentadas a instancias de unos 2.500 demandantes que litigan por la anulación del valor de los bonos AT1.

En este sentido, hace unas dos semanas, el juez que atiende la demanda presentada por los tenedores esta deuda ordenó a la Finma hacer público el decreto que sirvió de base para su amortización.

Según el diario 'Financial Times', el magistrado que supervisa el caso ordenó al supervisor entregar esta información, ya que, hasta ahora, los demandantes habían tenido que proceder sin consultar los documentos, pues la Finma los había mantenido en secreto.

Un grupo de bonistas con una inversión aproximada de 4.500 millones de dólares (4.229 millones de euros) afectados por la decisión presentaron el mes pasado una demanda contra la Finma, a la que acusaban de haber actuado de manera inconstitucional cuando ordenó cancelar los 17.000 millones de dólares (15.976 millones de euros) en bonos AT1.

Una copia del decreto de la Finma a la que pudo acceder el periódico británico sostiene que las medidas respaldadas por el Gobierno tuvieron "un efecto positivo directo en la liquidez y la situación del capital", lo que, para el regulador, implicaba cumplir con la cláusula del llamado "evento de viabilidad" contemplada en el folleto del bono y que significaba que Credit Suisse "pudo, por lo tanto, cancelar los instrumentos AT1 por su propia iniciativa".

Por otro lado, la Comisión de Resolución de Derivados Crediticios (CDDC, por sus siglas en inglés) determinó también hace unas semanas que la fusión entre Credit Suisse y UBS no fue un "evento crediticio".

Esta comisión, que dirime las disputas en el mercado de derivados, concluyó que no se produjo un "evento crediticio por intervención estatal" y que, tras revisar las cláusulas de clasificación de los bonos AT1, estos no ameritaban preferencia respecto de un bono subordinado que vencía en 2020. Por lo tanto, estos últimos eran acreedores prioritarios frente a los bonos AT1 en el orden de prelación.

La Finma ya defendió a finales de marzo la decisión de amortizar completamente los instrumentos de capital AT1 emitidos por Credit Suisse ya que así lo contemplan los prospectos de emisión de los bonos y la normativa del Consejo Federal suizo en caso de "evento de viabilidad", particularmente si existe apoyo extraordinario por parte del Gobierno.