MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha acordado este martes solicitar a la comisión permanente del Consejo de Estado la emisión de un dictamen, con carácter urgente y "no más tarde del día 26 de mayo", en relación con el Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de inversión.
El Ejecutivo aprobó el anteproyecto en mayo de 2021 e incluye una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para garantizar la protección de los inversores en las sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés), así como una definición de este tipo de sociedades.
En concreto, el anteproyecto entiende por SPAC aquella sociedad "que se constituya con el objeto de adquirir la totalidad o una participación en el capital de otra sociedad o sociedades cotizadas o no cotizadas, ya sea directa o indirectamente, a título de realizar una compraventa, fusión, escisión, aportación no dineraria, cesión global de activos y pasivos u otras operaciones análogas y cuyas únicas actividades hasta ese momento sean la oferta pública de valores inicial, la solicitud a admisión a negociación y las conducentes a la adquisición que, en su caso, sea aprobada por la Junta General de accionistas".
El anteproyecto, elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, también incluye un paquete legislativo con tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión; los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con este conjunto de normas, el Gobierno pretende incorporar al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias relativas a la incorporación de obligaciones de solvencia específicas para empresas de servicios de inversión, cambios en la directiva MIFID II o modificaciones puntuales del Reglamento de la Unión Europea sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o el Reglamento de la UE de titulizaciones, entre otros.