La ministra afirma que el Gobierno intentará "influir" para minimizar el impacto del ERE
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha "lamentado" y ha tildado de "mala noticia" que CaixaBank haya planteado un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 8.291 trabajadores en una coyuntura en la que el Ejecutivo está realizando esfuerzos "titánicos" para sostener el empleo a través de mecanismos como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que, aunque ha señalado no conocer al detalle la propuesta de la entidad financiera, ha afirmado que el Gobierno "lamenta" que cualquier empresa vaya a promover un ERE que implica pérdidas de puestos de trabajo cuando está realizando esfuerzos "titánicos" a través de los ERTEs para sostener el empleo de las personas con mayores dificultades y evitar que se alcancen cifras "inasumibles" de desempleo como ocurrió en la crisis de 2008.
Montero se ha mostrado prudente y ha preferido esperar a conocer las circunstancias concretas del ERE planteado por la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, pero ha indicado que si en el sector financiero no se hubieran producido fusiones "y cada entidad hubiera hecho la reestructuración por su lado", se estaría hablando de un volumen de bajas que probablemente sería muy superior.
Montero ha reconocido que el financiero es un sector necesario de reconversión y de concentración ante la escasa rentabilidad derivada de los bajos tipos de interés, pero aun así ha calificado de "mala noticia" que cualquier empresa plantee expedientes de esta naturaleza que impliquen destrucción de empleo.
EL GOBIERNO INTENTARÁ MINIMIZAR EL IMPACTO
"La reestructuración del sector es una tarea no finalizada y España debe concluirla para tener entidades fuertes a nivel comunitario, pero tenemos que acompañar estos procesos de reestructuración para que se hagan con la menor pérdida de puestos de trabajo", ha señalado.
"En la medida en que el Gobierno pueda influir, vamos a minimizar cualquier pérdida de empleo en el tejido productivo. Trabajaremos para minimizar estas cifras", ha agregado.
Tras la absorción de Bankia por CaixaBank, el Gobierno ha pasado a controlar el 16% del capital de la entidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que cuenta con un asiento en el consejo de administración, lo que le permitiría influir en las decisiones que adopte la entidad.
La dirección de CaixaBank ha planteado el despido de 8.291 personas (el 18% de la plantilla) y el cierre de 1.534 oficinas (el 27% de la red actual), convirtiéndose en la reestructuración de mayor envergadura realizada hasta el momento en el sector bancario español, según fuentes consultadas por Europa Press.
El banco ha descartado las prejubilaciones y tratará de que las salidas se produzcan con arreglo a la máxima voluntariedad y la meritocracia. A pesar de que se preveía que gran parte de las salidas fuera asumidas por los mayores, el banco pretende que el ajuste sea equilibrado y afecte en un 50% a mayores de 50 años y la otra mitad a menores de este límite de edad.