MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones sociales que atienden a personas migrantes y refugiadas, así como aquellas de defensa de consumidores, han denunciado que siguen detectando "trabas" por parte de las entidades bancarias a la hora de abrir o mantener cuentas de pago básicas, "incumpliendo" la legislación vigente que regula el derecho a acceder a este producto financiero.
Las organizaciones firmantes del comunicado (CEA(R), Convive, Movimiento por la Paz, Red Acoge, Asociación Rumiñahui, Asufin y CECU), han aprovechado la Semana de la Educación Financiera para volver a llamar la atención sobre la "importancia" de garantizar el acceso a estas cuentas, que tiene muy bajas comisiones y es de carácter gratuito para las personas en situación de vulnerabilidad.
Exigen a los organismos reguladores una supervisión y un control efectivo para que los bancos "cumplan la ley" y acaben con las prácticas que "obstaculizan el acceso a estas cuentas". Entre las trabas que denunciar estarían prácticas como la solicitud "arbitraria" de documentación para acreditar la situación de vulnerabilidad, la "exigencia" de contratación de seguros u otros productos bancarios o el "rechazo" de documentos de identidad válidos, en el caso de personas migrantes y refugiadas.
"De especial gravedad resulta el bloqueo sistemático a personas de determinadas nacionalidades, aun siendo solicitantes de asilo, amparándose en la aplicación "preventiva" de la ley de blanqueo de capitales sin tener ningún indicio concreto de irregularidad, en una actuación a todas luces discriminatoria", afirman.
Aprovechan también para solicitar un "impulso legislativo definitivo" que desbloquee la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, puesto que el proyecto de ley --que actualmente se encuentra en espera de iniciar la fase de enmiendas en el Congreso-- incorpora "avances" que subsanarían los "principales problemas" en la apertura de cuentas de pago básicas.
Así, señalan que el texto por el que se desarrolla la autoridad incluye el reconocimiento del derecho de solicitud de estas cuentas a las personas residentes en la UE en cualquier situación administrativa, el aumento y clarificación de la documentación acreditativa de identificación de las personas solicitantes de protección internacional y apátridas expedidos por el Ministerio del Interior o la obligatoriedad de tener un registro que dé cuenta de las solicitudes de apertura de cuentas de pago básicas recibidas y su estado de tramitación que deberá estar a disposición del Banco de España y permita realizar un seguimiento del que "ahora se carece".