El sector de la seguridad privada rechaza la propuesta de suprimir progresivamente el dinero en efectivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada ha mostrado su desacuerdo ante la propuesta presentada por el Grupo Socialista para someter a debate en el Congreso de los Diputados la progresiva supresión del dinero en efectivo hasta su desaparición definitiva sin haber atendido a su solicitud de reunión.

El Observatorio, integrado por las organizaciones sindicales FeS-UGT, CCOO de Construcción y Servicios y FTSP-USO y la patronal Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), ha instado al resto de grupos parlamentarios a rechazar la propuesta en los términos actuales "dados los múltiples perjuicios que esta medida puede causar en la sociedad".

A este respecto, destaca que se trata de una iniciativa que va "en sentido contrario" a las ya adoptadas por otros países del entorno, como es el caso de las autoridades suecas, que "están imponiendo a las entidades financieras la aceptación del efectivo ante las graves consecuencias sociales del proceso de gradual eliminación de su disponibilidad".

El Observatorio también considera que carece de sentido que la propuesta se enmarque dentro de un contexto para la mejora del sistema tributario, pues "no existe una vinculación directa entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida", poniendo como ejemplo que Alemania es el país con mayores niveles de uso del efectivo y, al mismo tiempo, "una economía modélica en cuanto a sus niveles de fraude".

En este escenario, ha recordado que cualquier medida que pueda conducir a la desaparición del efectivo entre los medios de pago al alcance de los ciudadanos impacta directamente en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, "cuyo nivel de bancarización es muy inferior y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet".

En particular, cree que perjudicaría a las 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social y a casi 1 de cada 5 españoles que viven en zonas rurales. Además, ha recordado que afecta muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que suelen realizar de forma mayoritaria sus pagos y operaciones comerciales mediante dinero físico.

El Observatorio también cree que la propuesta impediría que los más jóvenes pudiesen realizar compras habituales del día a día, al no tener acceso a tarjetas bancarias, e incidiría en la competitividad de los pequeños comercios, que se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago, además, en la actual situación económica, sin los recursos ni el tiempo necesario.

Otro argumento utilizado es que condiciona la libertad de los ciudadanos que no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. "Eliminar el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos", ha asegurado.

En general, el Observatorio considera que la desaparición del dinero en efectivo "supondría optar por la eliminación del único medio de pago público y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad".