Los 27 respaldan que se obligue a las multinacionales a publicar los impuestos que pagan en cada país

BRUSELAS, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mayoría de países de la Unión Europea se han mostrado este jueves a favor de aprobar la normativa que obligaría a las multinacionales con actividad en el bloque y con unos ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros a hacer públicos sus beneficios y los impuestos que pagan en cada Estado miembro.

Una veintena de gobiernos del club ha apoyado la medida durante la videoconferencia de Interior e Industria, una cifra suficiente para que los socios del bloque den formalmente su visto bueno a la normativa en los próximos días y abran paso a las negociaciones con el Parlamento Europeo.

El origen de la propuesta legislativa se remonta a abril de 2016 y se enmarca dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea entonces presidida por Jean-Claude Juncker para responder a escándalos como el de los Papeles de Panamá.

El asunto había encallado en manos de los países por el conflicto abierto sobre la base legal del borrador legislativo. Una docena de países había bloqueado su adopción al entender que, por tratarse de un asunto relacionado con la fiscalidad, debía ser aprobado por unanimidad.

Este grupo está liderado por Irlanda y Suecia, con el apoyo de Chipre, República Checa, Hungría, Luxemburgo o Malta y en el debate de este jueves han vuelto a compartir su disconformidad con el procedimiento adoptado.

Por contra, el Ejecutivo comunitario y el resto de capitales piensa que la normativa debe ser adoptada por mayoría cualificada por que no se trata de un asunto que modifique las reglas fiscales europeas, sino que aborda únicamente la necesidad de aumentar la transparencia de las multinacionales.

Es la posición que han defendido una veintena de socios, entre ellos Alemania, Francia, Italia o España, que representan una mayoría suficiente para que la normativa sea aprobada durante los próximos días a nivel de embajadores (el hecho de que la reunión de este jueves no fuese presencial impide que se puedan tomar decisiones legalmente vinculantes).

En nombre del Gobierno español ha intervenido el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, quien ha trasladado a sus colegas que España "apoya totalmente" la iniciativa y ha defendido que se trata de una propuesta "equilibrada y firme técnicamente".