Arranca en Portugal el primer juicio por fraude del IVA detectado por la Fiscalía Europea

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: One euro coins will fall onto an EU flag. The European Union's gross domestic product shrank 3.5 per cent in the first three months of the year, according to a first estimate from Eurostat, wh
Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: One euro coins will fall onto an EU flag. The European Union's gross domestic product shrank 3.5 per cent in the first three months of the year, according to a first estimate from Eurostat, wh - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo
Publicado: jueves, 31 octubre 2024 12:06

BRUSELAS, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Central de Lisboa (Portugal) ha iniciado este jueves el primer juicio por fraude del IVA detectado por la Fiscalía Europea contra 26 acusados --11 particulares y 15 empresas-- de participar en una trama de evasión de impuestos que involucra a varios países.

Tanto las empresas --registradas en Portugal y Chipre-- como los particulares --nueve portugueses y dos franceses-- imputados están acusados de crear y operar una organización criminal dedicada a la venta de productos electrónicos en el mercado de la UE que evadía el pago del IVA.

Los cargos incluyen varios delitos de fraude fiscal agravado, lavado de dinero, corrupción activa y pasiva en el sector privado y falsificación de documentos entre 2016 y 2022.

Tres de los imputados permanecen en prisión y otro se encuentra bajo arresto domiciliario y, de ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta ocho años de prisión por cada uno de los delitos de asociación para delinquir, blanqueo de capitales, defraudación fiscal calificada y corrupción, y tres años por el delito de falsificación de documentos, mientras que las empresas acusadas se enfrentan a multas económicas y disolución forzosa.

Los daños estimados sólo en Portugal ascienden a más de 80 millones de euros y se calcula que las pérdidas estimadas para la UE y para los presupuestos nacionales de los Estados miembro afectados por las actividades investigadas pueden alcanzar los 2.900 millones de euros.

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