El Gobierno veta la recuperación de la deducción de IRPF por vivienda porque dejaría de ingresar 817 millones

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley del PP por la que pretendía recuperar la deducción del IRPF en la compra de vivienda habitual, ya que a juicio del Ejecutivo su aplicación supondría dejar de ingresar 817 millones de euros en el erario público.

La proposición de ley del PP buscaba una modificación en la normativa relativa al IRPF para que los contribuyentes con rentas de hasta 60.000 euros pudieran deducirse hasta 5.000 euros al año en la compra de una vivienda habitual.

El Grupo Popular justificaba esta iniciativa ante la fuerte subida de los tipos de interés, que han repercutido en un aumento promedio de la hipoteca a tipo variable en unos 250 y 300 euros al mes.

La medida sería efectiva para los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda con anterioridad al 1 de enero de este año o bien hubieran satisfecho, también antes de esta fecha, cantidades por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, eso sí, siempre que estar obras estuvieran terminadas antes del 1 de enero de 2025. También se incluyen obras para habilitar la vivienda a personas con discapacidad.

2,27 MILLONES DE CONTRIBUYENTES

Pero el Gobierno, que conforme a la Constitución tiene potestad para frenar iniciativas legislativas que alteren sus Presupuestos, ya sea por aumento de gasto o por merma de ingresos, acaba de enviar un escrito al Congreso manifestando su disconformidad con el debate de la propuesta del PP.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno detalla que cada año se presentan 11,12 millones de declaraciones de IRPF con base liquidable inferior a los 60.000 euros y las que tienen préstamo hipotecario, que es a los que se les aplicaría la medida, son 2,27 millones.

Y apunta que, incluso considerando que los contribuyentes con renta superior a 60.000 euros no pueden aplicarse la deducción, la medida supondría una minoración de ingresos para el Estado de hasta 817 millones de euros.