Inspectores de Hacienda Local denuncian la "externalización fraudulenta" de su labor en algunos ayuntamientos

La mayoría de ayuntamientos no ha adaptado su ordenanza a la nueva plusvalía municipal, pero están realizando "devoluciones masivas"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha denunciado este jueves que las administraciones públicas locales continúan externalizando a entidades privadas los servicios de inspección de los tributos locales ante la falta de medios del personal funcionario.

Así lo ha trasladado el presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local, Arturo José Delgado, durante la jornada 'Una visión de la reforma fiscal desde la óptica de la Hacienda Local', organizada conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Esta práctica fraudulenta acumula sentencias (de 2015 y 2016) en contra, pero según la Asociación, existen entidades locales que traspasan aún "líneas rojas" al suscribir contratos no muy distintos -cuando no iguales- a los que previamente han sido ya anulados por resolución judicial y con comisiones para las empresas de entre el 15% y el 25%.

Desde la Asociación, se observa que, amparándose en términos como "apoyo", "asistencia", "colaboración" o "soporte" a la inspección local, las entidades privadas desarrollan potestades públicas de inspección legalmente vedadas a empresas.

Así, las tareas de los adjudicatarios no se limitan a asistir a los funcionarios, sino que los trabajadores de estas compañías llegan incluso a conocer los planes reservados de la inspección, e incluso los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección.

"La razón de esta externalización masiva se debe a la carencia de medios de los entes locales para obtener los ingresos que les corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico tributario", ha explicado el presidente de los inspectores locales.

Sin embargo, en su opinión esa carencia no puede contemplar que las entidades locales se vean desprovistas de una capacidad mínima inspectora. De ahí que la Asociación reclame que se dote a todas las administraciones de los instrumentos jurídicos y medios necesarios.

LAS HACIENDAS LOCALES, LAS "GRANDES OLVIDADAS"

Durante la ponencia, el presidente de la Asociación ha denunciado que las haciendas locales son las "grandes olvidadas", algo que se refleja, por ejemplo, con el caso de la plusvalía municipal o con las propuestas recogidas en la reforma fiscal del comité de expertos designado por el Gobierno.

En cuanto al 'Libro Blanco para la reforma fiscal', los inspectores locales creen que el informe "se olvida" de hacer un análisis de conjunto, ya que se realiza al "margen" del ámbito local. En este sentido, los inspectores locales denuncian que la plantee eliminar un impuesto local como es el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sin proponer "ninguna alternativa".

Aunque desde la asociación se aboga por una "modificación considerable" del tributo, se critica la falta de alternativa al mismo en las propuestas de los expertos, ya que supone una "disminución grave" para las arcas públicas de los ayuntamientos.

Para la asociación, existe un problema en el diseño de la tributación local, ya que mantiene una estructura del siglo XIX. "Tiene un diseño del siglo XIX basado en la tutela estatal y que crea inseguridad jurídica a ayuntamientos diputaciones y en la ciudadanía", ha advertido Arturo José Delgado.

Así, han advertido de que existen algunos "agujeros negros y prácticas fraudulentas", como por ejemplo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ya que se detecta que a veces fallan los ciudadanos porque no comunican las alteraciones en el inmueble.

Esto puede ser, la construcciones de piscinas o elevar una planta la vivienda, para lo que se está empleando drones en las inspecciones para atajar este tipo de problemáticas, que suponen una pérdida de ingresos públicos por el incumplimiento de los ciudadanos.

PLUSVALÍA: LA MAYORÍA NO HA ADAPTADO LA NUEVA NORMA

Aunque los Ayuntamientos debían adaptar sus ordenanza fiscales antes del 9 de mayo a la reforma el impuesto municipal de plusvalía, los inspectores de Hacienda local admiten que la inmensa mayoría de ayuntamientos no han elaborado la ordenanza fiscal que recoja la modificación, por lo que aplican la norma estatal.

"Es verdad que el plazo era 6 meses pero no era obligatorio", ha explicado el presidente de la Asociación. Sobre este cambio tras la sentencia del Constitucional, los inspectores aseguran que el funcionamiento está siendo normal en cuanto a la gestión y se están realizando "devoluciones masivas".

Pese a todo, y aunque esperan que haya algún cambio en el proyecto de ley que se está tramitando, los inspectores lamentan que haya habido una cierta de "amnistía fiscal" para aquellos que debería haber declarado la plusvalía años antes de la sentencia, que ahora se ven "absolutamente libres".