MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La prueba pericial elaborada por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en las reclamaciones que se están registrando sobre el Impuesto de Plusvalía prevalece sobre el parámetro del valor catastral.
Así lo ha señalado el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Madrid, Pablo Álvarez, durante la jornada 'Impugnación del Impuesto de Plusvalía, alcance de la prueba pericial', que se ha celebrado en la sede del Colegio Oficial y Asociación de Agentes Inmobiliarios de Madrid (CoapiMadrid-AIM).
Los agentes de la propiedad inmobiliaria explican que la problemática actual de las reclamaciones del Impuesto de Plusvalía tras la doctrina emitida por el Tribunal Constitucional en 2017 se puede calificar de "transitoria", pues a día de hoy el legislador todavía no se ha pronunciado acerca de cómo se tiene que determinar el gravamen del incremento del valor de los bienes inmuebles.
Mientras tanto, están pendientes de resolverse varias cuestiones de inconstitucionalidad referidas a dicho tributo y miles de reclamaciones presentadas ante los ayuntamientos.
En este contexto de "amplia litigiosidad", Álvarez ha destacado "que el API es el profesional más idóneo para hacer la prueba pericial porque valora el bien según el mercado real", siendo especialmente útiles estas pericias en las liquidaciones del impuesto que proceden de sucesiones o donaciones.
"Actualmente hay muchos bienes inmuebles en venta con un valor real de mercado de la mitad o un tercio de su valor catastral, ha apuntado Álvarez, quien ha marcado la necesidad de acudir al valor real de mercado para determinar si ha existido o no un incremento del valor en las liquidaciones del Impuesto.
El motivo es que "las liquidaciones por pequeñas propiedades que se transmiten y que se emiten por los ayuntamientos pueden ascender a varios miles de euros en supuestos en los que el incremento ha sido hipotético o no se ha producido nunca", ha especificado.
Por ello, considera que "la postura más prudente por parte de los ayuntamientos es que no apliquen el impuesto hasta que se pronuncie el legislador".
Andalucía
