CSIF pide que la retribución por el permiso parental sea inmediata para los empleados públicos

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha celebrado este jueves que la Comisión Europea haya expedientado a España por incumplir la directiva que obliga el pago por las dos últimas semanas del permiso parental y ha señalado que, en el caso de los empleados públicos, el pago debe ser inmediato, pues dicho permiso se engloba en el apartado de permisos con carácter retribuido conforme al Estatuto Básico del Empleado Público.

La organización sindical ha defendido en un comunicado que la decisión de Bruselas da la razón a su denuncia de 27 de septiembre de 2023 ante la Comisión Europea por la "tardía e inadecuada" transposición de la directiva y la falta de voluntad del Gobierno par adoptar medidas de conciliación efectivas conforme a la directiva europea.

"Exigimos al Gobierno que desarrolle esta prestación de manera inmediata", ha subrayado el sindicato, que ya demandó a Función Pública instrucciones claras para promover que la conciliación se retribuya a los trabajadores que lo soliciten conforme establece la directiva europea en la que se inspira esta medida.

De hecho, la directiva europea 2019/1158 fija en su artículo 8, sobre la remuneración del permiso parental, que será el Estado miembro o los interlocutores sociales quienes definan dicha remuneración o prestación económica "y lo harán de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso parental".

CSIF entiende que esta retribución debe ser inmediata en el caso de los empleados públicos puesto que dicho permiso se incluye dentro de la cartera de permisos retribuidos incluido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

En el caso de los trabajadores del sector privado, CSIF insta a adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se precisen para cumplir esta directiva. "Sin embargo, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros evitó de manera expresa el desarrollo de esta prestación y las comunidades autónomas rechazan aplicarla hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario", denuncia el sindicato de Miguel Borra.