Función Pública defiende una "apuesta clara por el empleo público" con un aumento de la tasa de reposición

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha defendido este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 hacen una "apuesta clara por el empleo público", con un aumento de la tasa de reposición para la contratación de trabajadores públicos.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Sánchez se ha referido a la tasa de reposición como "uno de los aspectos más relevantes" de la partida presupuestaria para Función Pública en 2022.

Tras la aprobación "histórica" de 30.455 ofertas de empleo público en 2022, el Gobierno mantendrá la contratación pública "con el fin de incorporar a nuevo personal", ha destacado.

Así, la tasa de reposición ordinaria alcanza el 110%, como norma general, y asciende al 120% en los sectores prioritarios, como sanidad y salud. Para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y policías locales la tasa de reposición en 2022 será del 125%. "Todo ello es un paso más en la defensa del empleo público, reforzada desde la ley de Presupuestos", ha comentado la secretaria de Estado.

Además, la contratación de empleo público también contempla reglas de flexibilización, con un nuevo modelo de gestión de la tasa de reposición, que responde a las peticiones de las organizaciones sindicales, la administración local y las comunidades autónomas, según Sánchez.

También ha anunciado que todas aquellas plazas que no se cubran en un plazo de tres años podrán incorporarse a la nueva oferta de empleo público.

Para el 2022, la Secretaría de Estado de la Función Pública también contempla un "plan de captación del talento", para atraer a los jóvenes a la Administración. En este sentido, plantea "adaptar los temarios" a los nuevos requerimientos de la Administración y a los perfiles y competencias de la juventud.

SUBIDA DE LOS SALARIOS

Los empleados públicos tendrán en 2022 un aumento salarial del 2%, con una recuperación del poder adquisitivo de 2,7 puntos desde 2018. Sánchez considera que esa subida permitirá mantener el poder adquisitivo de los funcionarios, a pesar de la subida de la inflación, que considera "transitoria y tenderá a moderarse".

Además, Sánchez ha insistido en que buscarán poner fin a la temporalidad en la contratación pública. La secretaria de Estado ha aludido a la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) como un "plan de choque extraordinario" para poder atender esa situación.

El fin de la temporalidad, ha dicho Sánchez, es una exigencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) y de la "propia concepción" del Gobierno.

La modificación del EBEP está incluida en las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se espera que entre en vigor "a final del año que viene", sujeta también a desembolsos europeos.

CIUDADANÍA, FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES

En total, la Secretaría de Estado de la Función Pública contará en 2022 con un presupuesto de 2.282 millones de euros, un 10,03% más que en 2021, que se destinará en buena medida para la reforma y la transformación de Administración Pública.

La reforma cuenta con "diez políticas palanca", centradas en modernización y digitalización, sin que eso vaya en detrimento de la presencialidad de ciertos servicios para que la Administración siga siendo inclusiva para todos los grupos de edad, como ha dicho Sánchez.

"Se han fijado fechas, hitos y objetivos y es necesario llevar a cabo su cumplimiento", ha señalado en relación a las reformas, que tienen como objetivo principal "la mejora de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía".

Los tres ejes de actuación de la Secretaría en 2022 se centrarán en "ciudadanía, conjunto de empleados públicos y la institución".

En lo referente a los mutualistas, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) recibirá una dotación de 1.906 millones de euros. Los proyectos principales serán la digitalización de la historia clínica de los mutualista y la eliminación de los partes de incapacidad temporal en formato papel.