Función Pública reactiva el diálogo social para negociar mejoras laborales de los empleados públicos

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha anunciado la reactivación del diálogo social para negociar mejoras laborales dirigidas al colectivo de empleados públicos, según han informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), UGT y CCOO.

La secretaria de Estado de Función Pública ha trasladado al sindicato su compromiso para fijar en las próximas fechas "un calendario de reuniones en las que tratar aquellas cuestiones que supongan una mejora en las condiciones de trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas".

CSIF ha valorado de manera positiva este anuncio, pero ha insistido en pasar "de las palabras a los hechos" y establecer de manera inmediata un calendario y contenido.

En esta misma línea, UGT Servicios Públicos ha exigido que se concretase inmediatamente un calendario de negociación para avanzar, a través del diálogo, en las materias que redundan en la mejora de las condiciones de trabajo del personal de las Administraciones Públicas.

De su lado, el Área Pública de CCOO ha celebrado, tras el anuncio del Ministerio, haber conseguido su primer objetivo tras las concentraciones de delegados y delegadas del 10 y el 12 de noviembre.

Además, ha recordado que entre sus peticiones destacan un acuerdo bianual de legislatura que garantice el mantenimiento y la recuperación de los salarios de los más de tres millones de empleados públicos y del conjunto del sector público empresarial o eliminar la tasa de reposición y poder acometer así los planes de empleo.

CSIF también ha afirmado que se dirigió la pasada semana al Departamento que encabeza María Jesús Montero urgiendo la necesidad de establecer el citado calendario de reuniones para negociar aspectos como la carrera profesional, la promoción interna y la movilidad voluntaria, entre otros temas, en línea con el acuerdo suscrito con el Gobierno el pasado mes de julio.

Por una parte, el sindicato ha pedido avanzar en la negociación colectiva para resolver las situaciones de conflicto existentes en algunos ámbitos, como en Justicia por el "incumplimiento" de lo acordado en Mesa de Negociación o la Ley de Cuerpos de Instituciones Penitenciarias.

De su lado, UGT ha lamentado que se mantienen paradas diversas materias contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, como la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. "El Gobierno sigue sin aportar ni un borrador, a pesar de haber sido anunciado su desarrollo inmediato por los anteriores titulares del ministerio de Función Pública, Carolina Darias y Miquel Iceta", ha criticado el sindicato.

ENMIENDAS A LOS PGE PLANTEADAS POR CSIF A LOS GRUPOS

Desde CSIF, han presentado a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que tienen por objeto mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos.

En concreto, el sindicato pide un incremento retributivo del 3,5% para el año 2022, fijando además una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la tasa interanual del PIB con efectos a 1 de enero de 2022.

En materia de empleo, ha reclamado la supresión de la tasa de reposición. "La Oferta de Empleo Público para el año 2022 deberá convocar todas las plazas vacantes de naturaleza estructural y aquellas de naturaleza coyuntural que estén cubiertas de manera temporal, además de aquellas otras que sean necesarias para la prestación adecuada del servicio público impulsando la promoción interna para el personal de carrera", ha insistido.

Por lo que respecta al Régimen de Clases Pasivas, CSIF sigue exigiendo que las jubilaciones y prestaciones sigan dependiendo del Ministerio de Hacienda y que se garantice su permanencia hasta su total extinción, así como que se equipare la cuantía de la pensión de jubilación a la del régimen general.

Por último, CSIF defiende la jubilación voluntaria del Régimen General de Seguridad Social a los 60 años con 30 años cotizados y rechaza de forma contundente el proyecto de ley sobre reforma de las pensiones que castiga a las personas trabajadoras que optan a la jubilación voluntaria después de extensa vida de cotización.