MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, este viernes el Plan Anual de Políticas de Empleo con una dotación de 5.794 millones de euros, cantidad equivalente a la de 2018 al estar prorrogado el presupuesto.
De esta cantidad total, 2.317 millones de euros serán distribuidos entre las comunidades autónomas, lo que representa un 9% más que en 2018, tras la reordenación de diversos créditos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para priorizar la activación para el empleo.
Para la elaboración del Plan, se han tenido en cuenta factores como los compromisos adquiridos por España en el marco de la Unión Económica y Monetaria, el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan de empleo para personas paradas de larga duración, así como el resultado de la segunda evaluación de la red de servicios públicos de la Unión Europea.
Asimismo, concreta los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 a alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las comunidades autónomas, así como los indicadores que permiten conocer y evaluar el grado de cumplimiento de los mismos.
En concreto, los objetivos coinciden con los aprobados por el Parlamento Europeo de reducir el desempleo, aumentar la activación y reducción de los periodos de desempleo, mejorar la participación de los servicios públicos de empleo y mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes de empleo.
Según recuerda Trabajo, el Plan es el instrumento de coordinación anual por excelencia de la gestión de las políticas de empleo e incluye un total de 637 servicios y programas de políticas de activación para el empleo, frente a los 620 de 2018, que serán desarrollados por comunidades autónomas o por el SEPE en sus respectivos ámbitos de competencia.
En líneas generales, estos programas de políticas de activación deben dar respuesta a problemas del mercado laboral previamente diagnosticados adecuadamente y deben ser gestionados mediante la concesión de subvenciones públicas o cualquier otro instrumento ajustado de derecho.
El grado de cumplimiento de los bloques de objetivos, acordados con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, determinará el reparto de fondos para cada comunidad autónoma.
Como novedad, se ha conseguido una "gran" simplificación y racionalización de los indicadores que han quedado reducidos a 22 de los más de 50 existentes con anterioridad y se ha simplificado su cálculo con la eliminación de duplicidades.