El Gobierno defiende ante G-20 las medidas adoptadas para reducir la brecha de género en salarios y pensiones

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha defendido ante el G-20 las medidas adoptadas para reducir la brecha de género en salarios y pensiones y para fomentar la corresponsabilidad familiar.

Valerio ha intervenido en la sesión dedicada a igualdad de género en el encuentro que los Ministros y Ministras de Trabajo y Empleo del G-20 han mantenido en Matsuyama, Japón. En su intervención, ha puesto en valor la labor desarrollada en esta materia en España "el país del mundo con mayor presencia de mujeres al frente de Ministerios".

Para la ministra, que ha estado acompañada en la cumbre por la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, la igualdad de género debe ser uno de los pilares "esenciales" del futuro del trabajo. "Sin igualdad de género no habrá un futuro del trabajo justo e inclusivo. Ninguna sociedad, ningún país, podrá avanzar en el siglo XXI dejando atrás a las mujeres", ha resaltado.

La responsable de Trabajo ha insistido en su intervención en la importancia de avanzar en igualdad de género para conseguir un mercado laboral más justo e inclusivo. "La sociedad española se ha movilizado, por su parte, a una escala sin precedentes en relación con la igualdad de género, reivindicando una sociedad libre de opresiones, de explotación y de violencias machistas. Las últimas celebraciones del 8 de marzo así lo atestiguan", ha afirmado.

"Mi país ha decidido centrarse en dos grupos de medidas que a nuestro juicio son prioritarias: la reducción de algunas de las brechas de género más significativas, la de salarios y pensiones, y la corresponsabilidad de mujeres y hombres en los cuidados y atención de la familia", ha resaltado la ministra.

"Todo ello contando con todos los actores, en particular con los interlocutores sociales, y teniendo muy presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Pilar Europeo de Derechos Sociales", ha añadido.

Valerio ha concretado que para luchar contra la brecha salarial de género se ha clarificado la definición del concepto de trabajo de igual valor.

Además, según ha explicado, el Gobierno ha previsto la obligación empresarial de llevar un registro salarial que incluya los valores medios de los salarios, desagregados por sexo, complementada, para empresas de más de 50 trabajadores, con la obligación empresarial de acreditar que las diferencias salariales superiores a un 25% entre trabajadores de distinto sexo no responden a motivos de género.

También ha mencionado el incremento en un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2019, percibido mayoritariamente por mujeres.

Respecto a la brecha de género en pensiones, la ministra ha explicado que el Gobierno ha incrementado de forma "más significativa" las pensiones más bajas y las pensiones de viudedad, cuyas beneficiarias son mayoritariamente mujeres.

En cuanto a las medidas dirigidas a establecer la corresponsabilidad de mujeres y hombres en los cuidados y atención de la familia, Valerio ha destacado que se ha puesto en marcha la equiparación progresiva de los permisos por nacimiento y cuidado de los menores, que se alcanzará en 2021 con 16 semanas para cada miembro de la pareja. "A partir de ahora, hablamos de permiso por nacimiento y cuidados, sustituyendo a la anterior expresión de maternidad/paternidad, porque un lenguaje inclusivo y no sexista también contribuye a la corresponsabilidad", ha señalado.

El Gobierno ha implantado otras medidas como establecer como obligatorios los planes de igualdad para las empresas de más de 50 personas trabajadoras. "Para facilitar la vida laboral y familiar hay que seguir profundizando en la racionalización de horarios, en la creación de más escuelas de 0 a 3 años y más atención profesionalizada para personas mayores y dependientes", ha añadido la ministra.

COMPROMISO CONJUNTO

La reunión de responsables de empleo y trabajo del G-20 ha concluido con una declaración conjunta en la que los ministros han puesto de manifiesto su voluntad de garantizar la coherencia entre las políticas destinadas a un crecimiento económico "fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo", vinculando "la inclusión social, el empleo pleno y productivo y el trabajo digno".

Para conseguirlo, los países participantes se comprometen a seguir trabajando en los desafíos a los que ya se enfrentan como resultado, fundamentalmente, de la globalización, la digitalización, los movimientos migratorios y las transiciones demográficas.

"Somos conscientes de que la acción conjunta y la cooperación con los interlocutores sociales es esencial para garantizar que el futuro del trabajo se base en respuestas adecuadas a las transiciones demográficas, un mayor progreso en la igualdad de género, y un amplio desarrollo de nuevas formas de trabajo", asegura la declaración.