El Gobierno trabaja en el texto final de la normativa sobre el teletrabajo en la Administración

España firma la Declaración de Estrasburgo sobre los valores y los
retos comunes de las Administraciones Públicas Europeas

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha informado de que el Gobierno está trabajando en el texto final de la normativa sobre el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

Así lo ha avanzado la secretaria de Estado durante su intervención en una reunión en Estrasburgo en el marco de la Conferencia Ministerial del ramo, como parte de la Presidencia Francesa del Consejo de la Unión Europea. En este contexto, los países de la UE han firmado la Declaración de Estrasburgo sobre los valores y retos comunes de las Administraciones Públicas Europeas.

Según ha traslado el Ministerio a través de un comunicado, la secretaria de Estado ha explicado en esa reunión que España está trabajando en la normativa del teletrabajo en la Administración a partir de las 501 aportaciones realizadas al texto en la audiencia pública, de las que el 84% proviene de la ciudadanía, el 12% de asociaciones profesionales y el 4% de organizaciones sindicales.

A finales de abril del año pasado, Gobierno y sindicatos de la Función Pública firmaron un acuerdo para que los empleados públicos de la AGE pudieran teletrabajar tres días a la semana de manera telemática y dos en modo presencial.

Aunque en un principio la intención del Ejecutivo era tenerlo aprobado en enero, este acuerdo aún no se ha traducido a una norma y, de momento, desde el pasado 1 de octubre, está vigente una resolución que establece que el teletrabajo en la Administración General del Estado sólo puede llevarse a cabo como máximo a un día a la semana (un 20% de la jornada), con determinadas excepciones.

La secretaria de Estado también ha señalado durante la reunión de este jueves que en España también se está realizando el ejercicio de repensar los procesos de selección. A estos efectos, se han dedicado seis meses a debates públicos con personas expertas en la materia procedentes de universidades, asociaciones, sindicatos o el propio cuerpo opositor.

ESPAÑA, A FAVOR DE LA MOVILIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO EN LA UE

La Declaración de Estrasburgo firmada este jueves supone un reconocimiento de la existencia de valores y retos comunes de las Administraciones Públicas en la Unión Europea, con base en tres áreas esenciales.

Entre ellas destaca la construcción de una función pública atractiva, moderna e innovadora, la existencia de unos servicios públicos transparentes y resilientes y el impulso de unos servicios públicos digitales de alta calidad, inclusivos y estratégicamente autónomos.

Se ha acordado así el fomento del desarrollo del talento en el personal al servicio de las Administraciones Públicas europeas, el apoyo de nuevas formas de trabajo en las organizaciones, incluyendo el teletrabajo, la diversificación de las carreras profesionales y el apoyo de la movilidad del personal público de las administraciones europeas con programas de intercambio o de formación conjunta.

Sobre este capítulo, España se ha mostrado a favor de la movilidad de personal funcionario. Y, de hecho, el país ha participado ya en el programa piloto del European Union Leadership Exchange Programme.

La secretaria de Estado de Función Pública, durante su intervención en este foro, ha explicado los ámbitos en los que se está trabajando en España para construir una Administración más cercana a las personas, que ofrezca unos servicios públicos adaptados a las necesidades de la ciudadanía y con amplio diálogo a través de procesos de consulta con todos los agentes implicados.

SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN

La Declaración firmada este jueves en Estrasburgo incluye también la voluntad y el deseo de los países de la UE de fortalecer su cooperación en esta materia con la organización de reuniones regulares dedicadas a la administración, la transformación y la función pública.

En este sentido, Lidia Sánchez Milán ha mostrado su apoyo al impulso de una mayor cooperación comunitaria en el ámbito de la Función Pública, articulando espacios para compartir experiencias y buenas prácticas.

Los países firmantes han llamado a futuras presidencias del Consejo a realizar un seguimiento del cumplimiento de esta Declaración y a favorecer una evaluación del documento.