La mayoría de las grandes plataformas digitales en España no pagan ni el salario mínimo a sus trabajadores

Solo Just Eat ha demostrado facilitar una retribución similar al SMI, según el estudio 'Fairwork España 2024'

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de las grandes plataformas digitales que operan en España no han podido demostrar que garantizan, al menos, una retribución equivalente al salario mínimo en España, con la excepción de Just Eat, que ha demostrado facilitar una retribución similar al salario mínimo definido legalmente en España, aunque sin llegar a ser un "salario vital decente", es decir, por encima del SMI.

Según se concluye en el informe 'Fairwork España 2024', elaborado, entre otros, por CCOO, donde se analizan siete de las grandes plataformas digitales de España, las mismas están todavía lejos de demostrar que avanzan hacia condiciones de trabajo y de empleo justas. Además, seis de ellas --Glovo, Cabify, Uber, TaskRabbit, MyPoppins y la cooperativa La Pájara-- no han podido demostrar que garantizan, al menos, una retribución equivalente al salario mínimo.

El informe 'Fairwork España 2024' ha sido presentado este jueves en Madrid y pretende evaluar si, en términos generales, las siete plataformas digitales analizadas promueven unos estándares mínimos para un trabajo justo y decente y la distancia de cada una de las siete plataformas evaluadas respecto a unas condiciones que favorezcan un trabajo justo, con recomendaciones sobre cómo avanzar hacia este objetivo.

Del estudio también se extrae que Just Eat, al igual que la cooperativa de reparto La Pájara, han demostrado también disponer de una protección adecuada frente a riesgos laborales y sus efectos, tales como accidentes o bajas médicas, mientras que Cabify y Uber podrían mejorar ampliamente y ser más eficientes a la hora de evitar el deterioro de la salud laboral de quienes trabajan para ellas.

Las otras tres plataformas, que operan únicamente con trabajo autónomo -- Glovo y TaskRabbit-- o delegan en el cliente la responsabilidad de formalizar la relación laboral -- MyPoppins--, no pudieron demostrar la movilización de recursos suficientes para la eliminación o control de los riesgos laborales y sus posibles efectos negativos en quienes trabajan para ellas.

CINCO PLATAFORMAS OFRECEN CONTRATOS QUE PUEDEN MODIFICAR SIN AVISO

Algo similar ocurre respecto a la claridad y transparencia de los contratos de trabajo o de los "términos y condiciones" para la prestación de servicios de quienes trabajan para las plataformas. A excepción, nuevamente, de Just Eat y la cooperativa La Pájara, con unos contratos justos, las restantes cinco plataformas incorporan cláusulas que les permiten modificar, unilateralmente y sin previo aviso, las condiciones y organización del trabajo, transfiriendo a quienes trabajan para ellas responsabilidades legales y económicas que deberían asumir las propias plataformas.

Por el contrario, en general se puede afirmar que las siete plataformas han demostrado estar comprometidas, aunque con un muy amplio espacio de mejora, con prácticas que evitan la discriminación (por razones de género, nacionalidad, orientación…), respetando la diversidad.

REPRESENTACIÓN SINDICAL

En relación a los derechos de sindicación y de representación colectivas de sus trabajadores, las cuatro plataformas Just Eat, La Pájara, Uber y Cabify están garantizando dichos derechos y no dificultan la actividad sindical legalmente reconocida en España, tal y como se desprende del informe.

Destaca el caso de la plataforma de reparto Just Eat, que innovadoramente ha firmado un primer acuerdo de empresa con los sindicatos españoles más importantes, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, para regular negociadamente sus condiciones de trabajo.

LA PÁJARA, LA QUE MEJOR PUNTUACIÓN OBTIENE

Sintéticamente, la cooperativa La Pájara ha obtenido 8 puntos de los 10 posibles puntos que proporcionan los investigadores en el informe. La plataforma Just Eat ha obtenido 7 puntos, mientras que Cabify y Uber han obtenido 2 puntos.

Las tres restantes plataformas, Glovo, MyPoppins y TaskRabbit, al no haber proporcionado evidencias suficientes, no han podido recibir ninguno de los 10 puntos posibles.

SORDO PIDE REGULACIÓN Y AGENCIAS PÚBLICAS PARA COTEJAR LOS ALGORITMOS

Durante la presentación del estudio, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha trasladado la necesidad de una regulación para controlar los algoritmos que estas plataformas digitales aplican al mercado de trabajo y de agencias públicas para cotejar los algoritmos, con el objetivo de que no se generen sesgos discriminatorios.

"No vale con que los RLTs (representantes legales de los trabajadores) puedan tener acceso a los algoritmo. Vamos a necesitar agencias públicas que cotejen", ha aseverado el líder sindical.

El sindicalista ha matizado que ya existe una agencia pública para intervenir los sesgos algoritmos, pero que no tiene como objetivo prioritario la intervención en el marco laboral, por lo que ha insistido en la necesidad de permitir que el Ministerio de Trabajo y que los agentes sociales puedan intervenir en la misma, así como de dotarla de recursos.

Así, Sordo ha subrayado la necesidad de reforzar la vigilancia de las plataformas digitales y los algoritmo que usa porque no tratan "cuestiones neutras", ya que el objetivo de los mismos es maximizar los recursos de las empresas, y ha avisado de que los algoritmos contribuirán a generar sesgos de géneros y "muchos más".

"Es que en la acumulación de datos, en función de dónde viva una persona, en función de los niveles de cómo sea el barrio en el que vive esa persona, en cómo esté comunicado con el centro de trabajo al que tiene que ir y, por ejemplo, la tendencia que tiene a llegar tarde cuando llueve, porque resulta que se atasca la carretera, (...) puede tener un sesgo discriminatorio a la hora de ser contratado en una empresa y que no se entera nadie", ha advertido.

Por su parte, el profesor de Filosofía del Derecho en Icade, consultor y ex secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle, también ha reiterado la necesidad de establecer un marco regulatorio para la Inteligencia Artificial (IA) y ha instado a los partidos políticos a incorporar esta cuestión en la agenda pública e iniciar un proceso de negociación y debate público en relación a la IA y las plataformas digitales.