Las pensiones contributivas subirán un 2,8% en 2025, las mínimas un 6% y las no contributivas y el IMV, un 9%

La pensión máxima del sistema subirá un 2,91%, hasta los 3.267,6 euros mensuales

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pensiones contributivas y de clases pasivas del Estado subirán un 2,8% el próximo año, mientras que las mínimas aumentarán cerca de un 6%, y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizarán un 9%. En total, más de 12 millones de pensiones verán incrementadas sus cuantías con la llegada del nuevo año.

Por su parte, la pensión máxima aumentará un 2,91%, hasta los 3.267,6 euros al mes, frente a los 3.175 euros mensuales de 2024.

Esta subida del 2,91% de la pensión máxima es la suma de la inflación promedio entre diciembre de 2023 y noviembre 2024 (2,8%) más 0,115 puntos adicionales que se aplican como consecuencia de lo establecido en la reforma de pensiones de 2021.

De este modo, la pensión máxima del sistema de Seguridad Social quedará situada con la llegada de 2025 en 3.267,55 euros mensuales (45.745,7 euros anuales).

PENSIONES MÍNIMAS

Las pensiones mínimas subirán cerca de un 6% para 2025. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 9,1% el próximo año, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizarán un 9%.

Las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales quedará así fijada en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y en 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros).

La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanzará en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se situará en 8.707,2 euros anuales tras subir un 2,8% interanual.

Por su lado, el complemento para la reducción de la brecha de género aumentará un 8,1% para 2025, hasta los 35,9 euros al mes por hijo.

SUBIDA DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN UN 2,8%

Por su parte, las pensiones contributivas subirán un 2,8% para 2025, medida que beneficiará a más de nueve millones de pensionistas.

La subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,8% para 2025 obedece a la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor), que arroja un porcentaje del 2,8%.

En 2024, las pensiones contributivas se revalorizaron un 3,8% porque la inflación media fue mayor, mientras que en 2023 lo hicieron en un 8,5%.

La revalorización del 2,8% supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación contributiva, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales en 2025.

Este incremento beneficiará a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán un 2,8%, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con la subida del 2,8%, un pensionista que perciba una pensión de 1.441 al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 564,87 euros o de 40,3 euros por mes en catorce pagas.

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.