El Plan Director consigue transformar 273.000 contratos temporales en indefinidos entre 2018 y 2019

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan Director por un Trabajo Digno ha conseguido transformar un total de 273.00 contratos temporales en indefinidos entre 2018 y 2019, cifra que supone un incremento del 97% en comparación con los quince meses anteriores, cuando se transformaron 138.000 contratos temporales en indefinidos, según ha informado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en un comunicado.

En concreto, del total transformado durante los quince meses desde que entró en vigor un total de 152.369 corresponden a actuaciones inspectoras ordinarias, 61.445 se transformaron como consecuencia del plan de choque desarrollado entre agosto y diciembre y 59.359 contratos en la primera fase del plan de choque de 2019.

Por otro lado, también gracias al Plan Director se han ampliado las jornadas de trabajo de 65.982 contratos. De estos, 34.803 corresponden a actuaciones inspectoras ordinarias, 8.824 al plan de choque desarrollado entre agosto y diciembre de 2018 y 22.355 a la primera fase del plan 2019 contra abusos en el trabajo a tiempo parcial.

En este caso, el incremento es del 111% en relación al periodo de mayo 2017 a julio 2018 cuando todavía no estaba en marcha el Plan Director, momento en el que se incrementó la jornada de 31.221 contratos a tiempo parcial.

En la primera fase del plan de choque de 2019, iniciada en agosto, se enviaron un total de 85.000 cartas a nivel nacional, 47.737 referidas al fraude en la contratación temporal y 37.263 respecto a la contratación a tiempo parcial. En total, afectaban a 238.015 trabajadores.

CASI 60.000 REGULARIZADOS EN EL PLAN DE CHOQUE DE 2019

Como consecuencia de estas comunicaciones a las empresas, se han regularizado hasta ahora 59.359 contratos temporales en indefinidos, lo que supone un 66,5% del total de trabajadores afectados por el plan de choque.

Estos datos suponen una mejora respecto al Plan de Choque de 2018, ya que durante la primera fase se transformaron 51.941 contratos temporales en indefinidos.

También se ha incrementado la jornada en 22.355 contratos a tiempo parcial, lo que supone un 15% de los trabajadores afectados por el plan. De estos, 12.305 son incrementos de jornada igual o superior al 50% y 10.050 son subidas inferiores al 50%. Estos datos triplican los resultados del plan de choque desarrollado en 2018.

Las empresas afectadas por las comunicaciones han dispuesto de un mes para proceder a regularizar la situación de sus trabajadores. A partir de ese momento, se ha iniciado la segunda fase de los planes de choque a través de las actuaciones inspectoras.

Desde agosto de 2019 y con datos a 31 de octubre de este año, se han aflorado un total de 160.422 empleos irregulares, un 31,8% más que entre mayo de 2017 y julio de 2018. Estas actuaciones de la Inspección han permitido recaudar cuotas a la Seguridad Social por un importe superior a los 1.400 millones de euros, un 22,5% más que entre mayo de 2017 y julio de 2018.

Según señala el Ministerio, en este apartado se encuentra incluida la regularización de 34.838 falsos autónomos mediante su correcto encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social,

También dentro de los falsos autónomos destacan los datos obtenidos con la nueva campaña sobre plataformas digitales y comercio electrónico. Durante los últimos 15 meses, las inspecciones han dado como resultado 8.451 altas en el régimen general de la Seguridad Social para regularizar el encuadramiento laboral de las personas trabajadores en estos sectores digitales.

En concreto, se han detectado 460 infracciones y se han recuperado, a través de liquidaciones a la Seguridad Social, más de 15 millones de euros.

Estos planes de choque forman parte del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio, "un plan que pretende recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, además de luchar contra la precariedad y el fraude laboral, reforzando así la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales".