Economía.-Anticorrupción archiva la investigación a FG Valores al estimar que los hechos o han prescrito o no son delito

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias informativas abiertas el pasado mes de enero para investigar la venta de la sociedad FG Valores, cuyo principal accionista era el actual presidente del BBVA, Francisco González, a la empresa Merril Lynch en 1996, al considerar que los hechos o no son delito o, de serlo, ya han prescrito.

Según informó la Fiscalía, Anticorrupción ha descartado en el caso "la existencia de responsabilidades criminales exigibles", bien por estar prescritas, en el caso de los hechos ocurridos hasta 1994 en el grupo de sociedades de FG, bien por no revestir los hechos los caracteres de delito, como ocurre con las conductas que se produjeron en la CNMV en 1996.

El fiscal Anticorrupción Daniel Campos, encargado de estas diligencias, señala en el escrito que "habida cuenta de que las eventuales responsabilidades penales estarán extinguidas por prescripción de delito" y, siendo "inminente" el vencimiento del plazo de seis meses que establece el Estatuto del Ministerio Fiscal para judicializar unas investigaciones, procede el archivo de las mismas.

En estos seis meses, la Fiscalía ha tomado declaración a cuatro ex altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): el presidente en el momento de los hechos Luis Carlos Croissier; el ex vicepresidente Aníbal Sánchez Andrés, y el director y la subdirectora de la División de Sujetos de Mercado de la Comisión, Ramiro Martínez-Pardo del Valle y Adela Aguilar Fernández, respectivamente.

El informe reconoce la existencia de una "manipulación contable" con una serie de contratos que trasladaron el "artificio contable" existente en FG Valores a otras sociedades del grupo en diciembre de 1993. En aquellos contratos, "se decía transmitir activos que no se poseían y se incorporaban así a los estados financieros de las sociedades adquirientes los valores ficticios supuestamente traspasados".

El fiscal Campos cree que tales conductas "serían constitutivas de delitos de falsedad" que, según el Código Penal de 1973 (el aplicable a este caso), son castigables con penas de prisión menor. Sin embargo, añade que incluso aplicando el artículo 69 que impone la pena de prisión mayor, "los hechos estarían en todo caso prescritos".

"Dado que la ejecución de los hechos que nos ocupan finalizó en diciembre de 1994, es claro que han transcurrido incluso los 10 años de prescripción si se optara por la más grave de las calificaciones", señala el fiscal, que agrega que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) señala a Jesús de Luis Cavero y Luis Miguel Gutiérrez Berzal como "responsables de tales manipulaciones".

En cualquier caso, el fiscal Anticorrupción considera no procedente la solicitud de una nueva prórroga para "una mejor determinación de los coautores, a los que en ningún caso les podría ser exigida responsabilidad penal" al haber prescrito el supuesto delito.

En cuanto a las personas de la CNMV que tuvieron conocimiento de los problemas de contabilidad en FG, el informe de la Fiscalía explica que, después de las investigaciones realizadas, sólo hay constancia de que tuviera conocimiento de los mismos el director de la División de Sujetos de Mercado, Ramiro Martínez-Pardo del Valle.

Según el fiscal, del examen de la documentación se extrae que, si bien la información sobre la adquisición de FG Valores había sido suministrada a los máximos responsables de la CNMV, "las incidencias y anomalías contables detectadas sólo fueron puestas en conocimiento de Ramiro Martínez-Pardo del Valle.

El ex presidente y vicepresidente del organismo regulador, Luis Carlos Croissier y Aníbal Sánchez, manifestaron ante el fiscal "con total rotundidad" no haber recibido información sobre los hechos que Merril Lynch comunicó a Martínez Pardo. "Ni siquiera Adela Aguilar Fernández, subdirectora de la División, tuvo conocimiento de las irregularidades", añade el escrito.

El informe de Anticorrupción considera que "parece claro" que la información fue restringida a Martínez Pardo porque Merril Lynch o su representante, Claudio Aguirre, "no tuvieran verdadera intención de que la información trascendiera a otros escalones de la CNMV". El fiscal indica que los archivos de la Comisión no contienen rastro alguno de que se llevara a cabo comprobaciones sobre las anomalías detectadas en FG Valores.

El fiscal descarta que la desaparición de tales papeles (las comunicaciones de Merril Lynch y FG en 1996) se deba a la sustracción o destrucción de los mismos por parte de algún funcionario, y lo achaca a que pueden haberse perdido. "Es perfectamente posible que tales documentos desaparecieran, transcurridos más de ocho años de su recepción, tras los cambios de sede o expurgos de papeles realizados en el seno de la CNMV", dice.

Sobre si la inactividad de Martínez-Pardo constituyó o no un delito de prevaricación, el fiscal estima que "no parece que su decisión alcanzara el nivel de arbitrariedad que exige el tipo penal de prevaricación". Añade que su conducta no fue "del todo irrazonable" ni de "abuso de poder".