El exdirector de Caja Navarra ratifica ante el juez el "exagerado plan de expansión" de la entidad

Lorenzo Riezu envió un informe en marzo de 2011 a Barcina en el que denunciaba la ampliación y el plan de prejubilaciones

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Caja Navarra Lorenzo Riezu ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el informe que remitió a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en el que denunciaba el "exagerado y desmedido plan de expansión" que experimentó la entidad entre los años 2002 y 2010, informaron fuentes jurídicas.

Riezu, que ha declarado como testigo en el marco de la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica, entidad en la que se integró Caja Navarra, ha confirmado punto por punto las malas prácticas que denunció en su escrito, que fue entregado a la jefa del Ejecutivo foral y anterior responsable de la Comisión de Control de la entidad en marzo de 2011.

En su comparecencia, solicitada a petición de la Asociación de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes Kontuz, que ejerce la acusación en el procedimiento, Riezu ha ratificado que tanto el proceso de expansión de la caja como los planes de prejubilación aprobados por los gestores de Caja Navarra estuvieron en la raíz de su pérdida de solvencia.

El informe, de 15 páginas y dos anexos --uno sobre los beneficios extraordinarios y otro relativo a la evolución de los indicadores económicos--, denunciaba la contratación de "cientos de nuevos empleados y el crecimiento desproporcionado de los gastos generales de todo tipo", según apuntó Kontuz.

REAPERTURA DE LA CAUSA.

Aunque en junio de 2014 el juez Velasco archivó el procedimiento y remitió a un juzgado de Pamplona las denuncias sobre irregularidades en Caja Navarra, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó en noviembre pasado la reapertura de la causa, al estimar dos recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Las denuncias presentadas por el partido de Rosa Díez y la asociación Kontuz imputaban a los exdirectivos de Banca Cívica delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera.