Olivas se desvincula del desvío de fondos del Banco de Valencia al Grupo Salvador

Atribuye las operaciones a otros órganos de la entidad y dice que la "depreciación" de activos inmobiliarios se produjo por la crisis

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Banco de Valencia (BdV) y de Bancaja, José Luis Olivas, se ha desvinculado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de las operaciones de desvío de fondos a las empresas del promotor inmobiliario Ramón Salvador, que ocasionaron un perjuicio superior a los 120 millones de euros a ambas entidades, y ha defendido que, en todo caso, no supusieron ninguna "actuación irregular", según informaron fuentes jurídicas.

Olivas, que ha declarado durante una hora y media como imputado por un delito de apropiación indebida, ha señalado que las operaciones fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo de la entidad, la Comisión de Riesgos y la Comisión de Dación en Pago y que el Consejo de Administración, que él presidía, únicamente daba el visto bueno a todas las actuaciones de forma global.

También ha asegurado que estas operaciones, por las que el Grupo Salvador recibió 631 millones de euros entre los años 2007 y 2012, no provocaron "pérdidas" en la entidad sino "depreciaciones" en sus activos inmobiliarios, tal y como ha ocurrido en todas las entidades bancarias de España como consecuencia de la crisis. En este sentido, ha apuntado que la circular 14/14 del Banco de España obligó a todo el sector a realizar mayores provisiones para cubrir el riesgo inmobiliario, lo que .

Pedraz, además, ha aplazado hasta el próximo día 28 la declaración del exdirector de Participaciones Inmobiliarias del Banco de Valencia Alfonso Monferrer, a la espera de que se aporte nueva documentación a la causa. También tiene previsto interrogar como imputado al expresidente de Bancaja Habitat José Cortina.

SEIS IMPUTADOS

El juez ha citado ya a las seis personas contra las que se querelló el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, por un delito de apropiación indebida, que también atribuyó a la sociedad Residencial Mira Llevant.

A principios de marzo tomó declaración al exconsejero delegado de Bancaja Aurelio Izquierdo, quien se desvinculó de las operaciones investigadas, así como al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y al empresario alicantino Ramón Salvador.

Salvador explicó que las entidades le compraron activos inmobiliarios poniendo los fondos en la sociedad Hábitat 2018 (H2018), que estaba bajo su control, y confiaron en él por su preparación y conocimientos urbanísticos. Además, negó que se tratara de daciones en pago, como dijo el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra, según informaron fuentes presentes en la declaración.

"UNA SANGRÍA ECONÓMICA"

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga si las sociedades de Salvador, que era accionista del Banco de Valencia y propietario de abundante suelo en Alicante y Murcia, recibieron un trato "privilegiado". Sus operaciones, según el FROB, provocaron "una sangría económica que solo se paralizó gracias a la intervención en el BdV del Banco de España".

El FROB detectó una serie de operaciones de "dudosa" racionalidad económica relacionadas con el grupo empresarial de Salvador, quien obtuvo un "trato inexplicablemente privilegiado" por parte de Banco de Valencia y Bancaja mientras José Luis Olivas estaba al frente del Consejo de Administración.

"Gran parte de la financiación concedida ha sido irregular y temeraria desde el punto de vista de la gestión de riesgos", añadía el organismo, que se centra en los fondos que ambas entidades destinaron a la sociedad Hábitat 2018 (H2018) mediante compraventas "fraudulentas" de activos, por valor de 202 millones.

Este organismo considera además responsables civiles, en defecto de los autores, a las sociedades Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.

El Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España el 21 de noviembre de 2011, que tuvo que recibir ayudas públicas de 4.500 millones de euros para salvarse de la quiebra. La entidad fue vendida en noviembre de 2012 por un euro a CaixaBank.