La CNMC ya lleva 26 casos por la aplicación la Ley de unidad de mercado y ninguno catalán ni vasco

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha explicado este lunes que el superregulador ya trabaja en 26 casos sobre la aplicación de la Ley de unidad de mercado; ninguno de ellos corresponde al País Vasco ni Catalunya, pese a que se preveían "roces" por ser de las regiones más críticas con la nueva normativa estatal --la Generalitat la tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional--.

En la conferencia del Círculo Financiero 'CNMC: un regulador para una nueva etapa', ha explicado: "Hasta hora los resultados son francamente positivos y, por cierto, ha habido comunidades como Extremadura o instituciones como el Ministerio de Defensa que han dado la nota --con dos procedimientos ya resueltos pero pendientes de publicar porque se deben eliminar los elementos de confidencialidad--, y en mucha menor medida o en ninguna País Vasco y Catalunya".

Marín ha repasado la composición y objetivos de la CNMC, que ha definido como la respuesta al fortalecimiento imprescindible de las instituciones, al servicio de los ciudadanos y empresas, y ha defendido que es la única institución del mundo que tiene plazos para resolver los temas: un año para instruir y seis para resolver, que de todas formas quiere "ajustar más a la realidad empresarial, que es la que suele quedar afectada".

Ante las críticas al superregulador, ha querido destacar las ventajas del nuevo modelo, que unifica las cuatro áreas de competencia, telecomunicaciones, energía y transporte, actuando en paralelo y con resoluciones coordinadas, lo que a su parecer da mayor seguridad jurídica.

Marín ha repasado que cada día surgen nuevos retos, como la economía colaborativa --sobre la que ha insistido en que requiere regulación pero no para ahogarla sino para fomentarla-- y la competencia entre ciudades, y ya no solo entre empresas, y también se ha mostrado partidario de que la actuación de los 'lobbies' o grupos de presión esté más identificada y reglada en favor de la transparencia.