Economía/Macro.- El Gobierno estudia la adaptación de la Ley de contratos del sector público al ámbito de la seguridad

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, sobre el anteproyecto de Ley que adapta la Ley de Contratos del Sector Público a las singularidades propias de los ámbitos de la seguridad y la defensa, en cumplimiento de los criterios fijados por una directiva comunitaria de 2009 en esta materia.

Dicha directiva reconoce la especificidad de los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa y, en razón de la misma, establece un marco regulatorio que tiene en cuenta dicha singularidad, al tiempo que garantiza los principios de igualdad, no discriminación, concurrencia y transparencia propios de los procesos de contratación pública.

Por ejemplo, el anteproyecto permite a los órganos de contratación establecer determinadas exigencias adicionales en la documentación contractual para garantizar la seguridad de la información y del suministro, especialmente relevante en estos ámbitos.

Del mismo modo, el texto aprobado hoy introduce una serie de ajustes legales para flexibilizar los procedimientos de contratación en este campo, como el incremento del plazo de vigencia de los acuerdos marco o la posibilidad de que en el procedimiento negociado se pueda establecer un trámite previo de selección de contratistas orientado a limitar el número de licitadores.

El anteproyecto pretende, asimismo, contribuir a desarrollar una base de suministradores para la defensa europea entre el universo de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, se ha introducido la exigencia de que las subcontrataciones por parte de los adjudicatarios se lleven a cabo observando unas normas mínimas de publicidad y garantizando la mayor objetividad posible en la selección de empresas.

El Gobierno indica que la finalidad primordial de estos requisitos es abrir este mercado de segundo nivel a todas las empresas que, no pudiendo acudir a la licitación de forma directa por las características de su actividad o por tener un tamaño insuficiente, puedan estar interesadas o capacitadas para participar en la ejecución de los contratos.