Los economistas recomiendan aplazar impuestos, ayudas para teletrabajo y planes de contingencia en empresas

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Economistas (CGE) ha lanzado una serie de propuestas de urgencia de carácter económico para las autoridades, los profesionales y la sociedad, que pasan por aplazar el pago de determinados impuestos a su vencimiento, establecer ayudas para el teletrabajo o realizar planes de contingencia en las empresas.

Los economistas ven "indudable" el efecto que está causando el coronavirus en la economía, y consideran que su alcance dependerá de la evolución de la enfermedad epidémica, aunque será diferente para cada sector económico. Salvo sectores "muy determinados", ven "claro" que la generalidad de empresas, grandes, pequeñas y medianas se van a ver negativamente afectadas "de una u otra manera", por lo que, además de las medidas tomadas por el Gobierno, que consideran que "van en la línea adecuada", realizan una serie de propuestas.

Como medidas fiscales abogan por establecer la posibilidad de aplazar el pago de determinados impuestos a su vencimiento, con la condición de justificar a posteriori los problemas de liquidez, así como retrasar algunos plazos de presentación ante los previsibles problemas de profesionales de asesoría fiscal para poder presentar las autoliquidaciones de clientes.

En materia de inversión, instan a gestionar la euforia y el pánico, y recomiendas, antes de tomar una decisión, pensar en opciones alternativas y sopesar los pros y contras de cada una de ellas, así como decidir bajo condiciones óptimas. Ante la inyección de liquidez de los bancos centrales y la invariabilidad de la financiación bancaria, el CGE que se otorgue a las empresas, especialmente pymes, y autónomos de sectores vulnerables préstamos con tipos de interés ventajosos para reactivar la economía.

AYUDAS PARA TELETRABAJO Y ACUMULACIÓN DE HORAS

A las empresas les insta a recurrir el plan de contingencia y previsión de riesgos o elaborar uno en caso de no disponer del mismo, así como promover la alerta de una posible insolvencia a través de un 'test de solvencia' en el caso de los sectores más vulnerables.

En el ámbito laboral cree conveniente poner en marcha un sistema urgente de ayudas para impulsar el teletrabajo en las empresas y autónomos (subvenciones para compra de equipos o programas) y, con el fin de evitar multas a las empresas, relajar las medidas del registro de la jornada laboral por la dificultad que supone controlar el tiempo de trabajo en esta nueva situación.

También creen que habría que valorar la posibilidad, siempre dentro de la excepcionalidad, de poder acumular las horas de trabajo en un menor número de jornadas (cumplir las 40 horas semanales en tres o cuatro días, por ejemplo, para mejorar la conciliación).

En todo caso, los economistas respaldan la iniciativa del Gobierno de aliviar la carga a las empresas con una moratoria para el pago de cotizaciones sociales de empresas y trabajadores autónomos.

Eso sí, además de considerar como situación asimilada a accidente de trabajo a los periodos de aislamiento de las personas trabajadoras, creen que debería valorarse la posibilidad de que la empresa no tenga que abonar cotizaciones por esos trabajadores durante la citada baja laboral.

USO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Igualmente, creen que se debería potenciar todavía más el uso de sistemas electrónicos de presentación de documentación en el ámbito de la Justicia y la economía forense, como LexNET, para evitar presentación física de documentación por parte de administradores concursales y del expediente judicial electrónico para el ámbito pericial.

A su juicio, sería también recomendable que los ciudadanos actualicen su DNI electrónico, ya que permite realizar tramitaciones telemáticas, y que las administraciones estimulen posibles soluciones de quitas y esperas por parte del crédito público de empresas afectadas por el virus, y más flexibilidad en segunda oportunidad.

Los economistas solicitan también al poder judicial, magistrados, jueces y letrados de la administración de Justicia, que sean flexibles en cuanto a las actuaciones más inmediatas y posibles plazos judiciales, especialmente para las personas físicas (más desfavorecidas) y pymes, atendiendo un posible aplazamiento o ampliación del plazo.

Desde el CGE también creen que las empresas deberían tener en cuenta el impacto en la información reflejada en sus cuentas anuales y tenerlo en cuenta para los planes estratégicos. Por último, aconseja sistemas que ayuden a realizar los trabajos de auditoría a distancia, a través de herramientas informáticas.