MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -
España ha obtenido una puntuación de 54 sobre 100 en transparencia presupuestaria, situándose en la posición 49 de 125 países, dos puestos menos que en la anterior edición de la encuesta 'Open Budget Survey 2023'.
España obtiene de nuevo una nota "mediocre" en la Open Budget Survey 2023, la encuesta global realizada en 125 países por la International Budget Partnership (IBP) para evaluar la calidad de la información presupuestaria del Estado con aportaciones de expertos independientes (en España, la fundación Civio) y del propio Gobierno.
En transparencia presupuestaria, España obtiene 54/100, situándose en la posición 49 de 125 países, dos puestos menos que en la última edición. Por ello, entre las recomendaciones destacan la necesidad de "mejorar el nivel de detalle, alcance y consistencia de los informes de ejecución presupuestaria".
La encuesta también refleja la falta de claridad del Gobierno al comunicar sus prioridades políticas y planes de gasto al inicio de cada ejercicio, antes de emprender los presupuestos. Este aspecto, que obtuvo 89/100 en 2022, ahora se sitúa en 33/100.
PUNTUACIÓN "EXTREMADAMENTE BAJA" EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En participación ciudadana, España obtiene una puntuación extremadamente baja de 2 sobre 100, la misma que en la edición anterior y muy por detrás de países como Reino Unido (54) y Francia (37).
Se debe a la inexistencia de mecanismos para involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía -con especial énfasis en los colectivos vulnerables- en la formulación y control del presupuesto. En vigilancia presupuestaria, España obtiene 65 sobre 100, similar a la edición anterior (61/100).
La supervisión es adecuada durante la planificación del ciclo presupuestario, pero débil durante la ejecución. El control que realiza el Tribunal de Cuentas tiene mejor valoración (83/100), comparado con el de las Cortes Generales (56/100).
A raíz de estos resultados, Civio ha enviado una nueva carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informándole de las conclusiones de este análisis e insistiendo en la necesidad de mejorar la calidad y detalle de los datos de ejecución del gasto público.