MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Venezuela ha sido suspendido como miembro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por no cumplir sus obligaciones, según han notificado este viernes los ministros de Exteriores del bloque económico a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.
Los jefes de la diplomacia de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay han informado a Rodríguez del "cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado parte del MERCOSUR", que se decidió en una reunión celebrada el jueves, de acuerdo con la nota oficial.
Paraguay, Argentina y Brasil se negaron en verano a que Uruguay le entregara la Presidencia a Venezuela alegando que aún no ha cumplido con su obligación de incorporar el acerbo de MERCOSUR a su ordenamiento jurídico, para lo cual tenía de plazo hasta el 1 de diciembre.
"Venezuela contó con cuatro años para incorporar la normativa vigente del MERCOSUR y (el pasado 13 de septiembre) se le otorgó un plazo adicional para honrar sus obligaciones, que finalizó el 1 de diciembre", han señalado.
Los cancilleres del MERCOSUR han defendido que la suspensión de la membresía se basa en el análisis de las obligaciones asumidas por los estados parte del Tratado de Asunción, por el que se creó el bloque económico.
"La medida adoptada regirá hasta que los estados signatarios del Tratado de Asunción convengan con ese país las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como estado parte", han indicado.
Rodríguez, en declaraciones desde Caracas, ha afirmado que "Venezuela sigue siendo parte de MERCOSUR" y ha dicho que "pronto" mostrará "pruebas de la ilicitud de las acciones" de los demás países miembros. "No nos vamos a cansar de decir que Venezuela ha incorporado el 90 por ciento del marco normativo de MERCOSUR", ha sostenido.
Desde que se desató la crisis en la organización regional, el Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a los nuevos gobiernos en Brasil y Argentina --ahora de derecha-- de impulsar un cambio de rumbo en MERCOSUR para aislar a Venezuela.
Venezuela se ha resistido a trasladar a su legislación nacional un paquete de 130 normas regionales que considera "inadmisibles". Entre ellas se incluyen cuestiones sobre el respeto y la protección a los Derechos Humanos.