Montero critica la postura de "trinchera" contra la senda de déficit que supone ajuste de 18.000 millones

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este viernes la política de "trinchera" y "pataleta" que rechaza la senda presupuestaria del Gobierno y las abstenciones a los objetivos de déficit porque supondrá un "daño gratuito" a la ciudadanía y conllevará un ajuste de unos 18.000 millones de euros.

Durante la defensa del la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el período 2019-2021 y el techo de gasto de 2019 en el Pleno del Congreso, Montero ha recordado que la relajación de la senda fiscal es una "necesidad" que ha visto la propia Comisión Europea, al ser "consciente" del "esfuerzo importante" de ajuste de déficit realizado en los últimos años.

Montero ha advertido de que la nueva senda supondría una cuesta "menos empinada" que mejoraría la realidad y para evitar que se traduzca en un recorte de 18.000 millones que se producirá si no se enmienda.

En este sentido, ha dicho que España no se puede permitir una senda "tan austera" si se mantiene la del Gobierno de Mariano Rajoy (déficit del 1,3% en 2019), porque lastrará el crecimiento de la economía y se perderá la posibilidad de generar 400.000 empleos al año, así como redistribuir la riqueza, lo que constituirá un "daño gratuito e insolidario" a los ciudadanos.

"Ponerse de perfil, abstenerse o no votar a favor es no reconocer estas necesidades que tenemos en este momento y no podemos permitir que los objetivos de estabilidad sigan siendo un corsé y no permita eliminar los recortes", ha apostillado.

Por ello, ha instado a los partidos políticos que votarán en contra o que se abstendrán que dejen de mirarse "su ombligo". "Los ciudadanos no entenderán la posibilidad de que se les hurte poder recuperar derechos y mejoría de la calidad de vida", ha apostillado Montero, quien ha recordado que la flexibilización de las metas de déficit en cinco décimas en 2019 supondrían 2.500 millones de euros mas para las CCAA y para la Seguridad Social, pero principalmente beneficiaría a "pensionistas, desempleados, Sanidad, Educación, los que reciben atención servicios sociales, los jóvenes y trabajadores".

Igualmente, ha defendido la necesidad de una flexibilización de la senda de ajuste porque hay 2.500 millones declarados como derechos en el articulado de los PGE pero no tienen "correlato" en la parte de ingresos y gastos, lo que supone que es "como si se expresara en la literatura pero no se corresponde en el relato".

A esto se suma que en el primer semestre la previsión de ingresos del Ejecutivo de Mariano Rajoy está por debajo de lo recaudado en IVA y Sociedades, lo que muestra "un ejercicio de atajo presupuestario sin precedente".

EL GOBIERNO PRESENTARÁ UNOS PRESUPUESTOS PARA 2019

La titular de Hacienda ha defendido que la democracia no trata solo de ganar elecciones sino de instaurar una "cultura cívica", frente a una política "del miedo, el resentimiento y la trinchera".

En este sentido, ha mostrado su preocupación por una ideología que "entiende que hay que seguir disminuyendo el gasto público y cercenando la igualdad de oportunidades", y que a su juicio demuestra que "no han entendido lo que ha ocurrido en la sociedad en los últimos años" y que la ciudadanía demanda "mayorías más plurales, inclusivas y polifónicas".

A pesar del rechazo a la senda de estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez no imposibilitará la elaboración de unos Presupuestos para 2019, que "se van a configurar con la ilusión que os contagian los ciudadanos y convencidos de que otra manera de hacer política es posible".

Ha defendido que hay que "achicar" la brecha social que se ha "agigantado" con las políticas "neoliberales" del PP, y ha criticado que la nueva dirección mantiene las políticas "más antiguas", por lo que en su lugar ha abogado por políticas "más sociales".

A este respecto, ha afirmado que el PSOE cree en la "grandeza de la democracia y en las posibilidades ilimitadas del diálogo", por lo que seguirá trabajando para demostrar que "otra política es posible" y mejorar la igualdad de la ciudadanía, en un contexto en el que el 80% de ciudadanos creen que se legisla a favor de los ricos.