MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Oficina de Conflicto de Intereses, el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que vigila las incompatibilidades de los altos cargos, cree que sería "absurdo" impedir a José Luis Escrivá ser ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por haber sido previamente presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como había denunciado Ciudadanos.
Así informa el Gobierno en respuesta a las diputadas de Ciudadanos Mari Carmen Granados y María Muñoz, subrayando que esta Oficina no encuentra "ninguna objeción" en que Escrivá sea ministro, ni desde la perspectiva de las Leyes de creación de la AIReF ni desde la Ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración, "simplemente porque una parte de su departamento ha sido supervisada" por parte de la organismo que presidía.
En la respuesta recogida por Europa Press se indica que la citada Oficina, en su informe para analizar este nombramiento, señala que plantear este impedimento porque la AIReF supervisa parte de su nuevo Ministerio, "significaría que no podría ejercer ninguna actividad, puesto o cargo público" pues, señala, "todas las entidades públicas están sometidas a la AIReF, lo cual no sería solo una reducción al absurdo, sino que no se infiere en absoluto del texto legal".
Por todo ello, el Ejecutivo informa a las diputadas 'naranjas' "del respeto y cumplimiento de las normas vigentes" y subraya que esta Oficina de Conflicto de Intereses "es quien determina las autorizaciones para el nombramiento de altos cargos".
DOS AÑOS DE INCOMPATIBILIDAD
Desde Ciudadanos habían cuestionado la legalidad de este nombramiento ante un "potencial conflicto de interés" por pasar Escrivá inmediatamente de un cargo a otro cuando la propia Ley de creación de la AIReF imposibilita a su presidente a ejercer durante los dos años posteriores a su cese "actividad profesional alguna relacionada con la función de evaluación atribuida a la AIReF".
Muñoz y Martínez Granados criticaron que esta elección "parece también contravenir el espíritu" del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración, entre los que se encuentra la presidencia de la AIReF, que impide prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a su supervisión, durante un período de dos años.
Si bien conceden que la actividad de Escrivá al frente del Ministerio es de carácter público y no privado, Muñoz y Martínez argumentaron que "el ámbito de actuación de la AIReF lo es exclusivamente público". Y en ese contexto recuerdan que "la intención de la norma" era evitar, también, el conflicto de interés que puede producirse en este caso, "al pasar de un órgano de supervisión de entidades de derecho público a la gestión del ente público objeto de supervisión".