Podemos alerta de que las medidas hipotecarias del Gobierno podrían activar miles de desahucios

La formación morada llama a corregir la ley de Guindos para adaptarse a la jurisprudencia europea, pero ve al PSOE más cerca de PP y Cs

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unidos Podemos ha alertado este miércoles de que la propuesta del Gobierno socialista sobre la ley de crédito inmobiliaria que tramita el Congreso podría activar decenas de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente paralizados a la espera de resolverse la consulta que el Supremo planteó en Estrasburgo sobre el vencimiento anticipado de las hipotecas.

Estos procedimientos se encuentran paralizados a la espera de la cuestión, planteada de nuevo por el Tribunal Supremo tras establecer la Justicia europea una serie de criterios para considerar abusiva una cláusula de vencimiento anticipado y aclarar que su nulidad no depende de si la entidad ha recurrido a ella, sino por su mera existencia.

La sentencia y la posterior cuestión presentada por el Supremo, argumentan desde esta formación, que este miércoles ha organizado un encuentro informal para explicar su posición sobre este asunto, provocó que muchos de los tribunales superiores de justicia dieran instrucción de suspender los procedimientos de ejecución con hipotecas que incluyeran estas cláusulas.

EL PELIGRO DE ABRIR LA COMPUERTA

Sin embargo, Unidos Podemos entiende que, de aprobarse la ley tal y como se plantea en estos momentos, "se corre el riesgo de que se abra la compuerta", y que todos estos contratos puedan ser ejecutados, "independientemente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

La ley que llevó a la Cámara Baja el entonces ministro Luis de Guindos recoge que todo vencimiento anticipado que se produzca a partir de la entrada en la norma quedará regulado por la nueva ley hipotecaria --independientemente de que se hayan firmado antes-- y regula los procedimientos de ejecución en curso.

Según Unidos Podemos, tanto esta formulación, como la propuesta trasladada por el PSOE a los grupos desde el departamento que dirige hoy Nadia Calviño, podría reanudar estos procedimientos de ejecución. "Para nosotros es muy confusa la redacción, y permitiría que se abrieran. Estamos viendo cómo planteamos que no queda claro, advirtiendo al Gobierno de la gravedad de lo que puede ocurrir", asegura Rafa Mayoral, uno de los diputados del grupo en la ponencia de esta ley.

Esta no es la única cuestión que enfrenta al grupo confederal con el Gobierno durante la tramitación de esta norma en la que, lamentan, el PSOE parece estar más cerca de las posturas del PP y de Ciudadanos que en las de su principal aliado parlamentario.

Y es que el grupo confederal exige que la ley no sólo sirva para trasponer la directiva comunitaria, sino también toda la jurisprudencia dictada por los tribunales europeos en materia hipotecaria --fase procesal incluida-- y que, a su juicio, no garantiza el actual proyecto de ley ni las propuestas que les llegan en forma de enmiendas desde el Ministerio de Economía y Empresa.

EXPLORAR VÍAS EXTRAJUDICIALES

Unidos Podemos también busca un reconocimiento al consumidor hipotecario en línea de la legislación comunitaria en materia de consumo, más garantista, y que por tanto reconozca una relación de desigualdad a la hora de firmar un contrato hipotecario, así como limitar la responsabilidad material del deudor.

Esto, argumentan, facilitaría la renegociación de un crédito ante dificultades en la devolución de los importes, y estimularía soluciones extrajudiciales que, además de no colapsar los juzgados, abriría la puerta a reestructuraciones e incluso quitas, apenas contempladas aun apareciendo en el famoso código de buenas prácticas.

Un código que, además, Unidos Podemos no sólo quiere elevar a rango de ley, sino también ampliar, al reconocer "insuficientes" las medidas contempladas. Recogerlo en la ley permitiría, además, que los jueces pudieran recurrir al mismo al dirimir litigios, puesto que en estos momentos compete al supervisor.

LOS NOTARIOS HACEN AL ESTADO "COMERSE EL MARRÓN"

Asimismo, la coalición parlamentaria rechaza frontalmente el papel que juegan en la ley los notarios, a los que la reforma hipotecaria confiere la misión de comprobar el entendimiento por parte del consumidor, algo que en Unidos Podemos ven como una maniobra para que el Estado asuma el coste y la responsabilidad ante posibles litigios.

"Los notarios no son asesores. Esto es especialmente grave y peligroso para el Estado", argumenta Mayoral, que argumenta que, al tratarse de funcionarios públicos, sería el Estado el que tendría que "comerse el marrón" de asumir una responsabilidad, la de asegurar que el consumidor es consciente de las consecuencias de lo que firma, que debería corresponder a las entidades financieras.