El Gobierno destinará 1.000 millones al impulso del vehículo eléctrico hasta 2025

Se mantiene que desde 2040 no se podrán vender vehículos que emitan CO2 y la obligatoriedad de un punto de recarga eléctrico en gasolineras

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 que se remitirá a Bruselas y que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará cinco millones de unidades en 2030.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalaron que para impulsar el vehículo eléctrico en la movilidad sostenible el plan prevé dotar de unos 200 millones de euros anuales a este objetivo durante el periodo 2021-2025. De esta manera, en esos cinco años, en que se considera que es necesaria una mayor ayuda para su desarrollo, se destinarán un total de 1.000 millones de euros.

El Ejecutivo estima que el número de vehículos eléctricos en el parque automovilístico español se disparará en el horizonte de 2030 hasta los cinco millones, según el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contempla medidas de apoyo para lograr este objetivo de movilidad sostenible.

El documento prevé que la presencia de las renovables en el sector de la movilidad-transporte alcanzará al final de la próxima década el 22% por medio de la electrificación, con esos cinco millones de turismos, furgonetas, autobuses y motos -en torno al 16% del parque móvil en 2030-, y el uso de biocarburantes avanzados.

Actualmente la presencia del vehículo eléctrico en el parque automovilístico español apenas supera las 36.000 unidades. Estas cifras ambiciosas del Gobierno también chocan con las previsiones de otros sectores, como el petrolero, que da un recorrido para ese 2030 del vehículo eléctrico de en torno a un millón de unidades, representando apenas entre un 4-5% del parque total de automóviles.

Asimismo, a más largo plazo, el horizonte de 2040, el plan y el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) recoge que se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que "no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro". Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

El plan del actual Gobierno prevé que el sector de la movilidad y transporte reduzca sus emisiones en 28 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el periodo 2021-2030. Para alcanzar ese periodo se apuesta por un cambio modal que, según las estimaciones, implicará que el 35% de los pasajeros-kilómetro que hoy se cubren mediante vehículos convencionales de combustión sean realizados con otros modos no emisores (transporte público, bicicleta, a pie...).

A este respecto, el Ejecutivo prevé acompañar al sector de la automoción en el proceso de descarbonización a lo largo de la próxima década. De hecho, ya se trabaja en el Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción, que determinará la colaboración público privada para impulsar el sector y la atracción de nueva inversión.

PLAN DE APOYO AL SECTOR DE 562 MILLONES.

En este sentido, también se ha fijado un Plan de Apoyo Integral al sector de la automoción 2019-2020 dotado con 562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada, rejuvenecimiento de las plantillas y mayor participación de la mujer, apoyo a la innovación en el sector y formación.

Además, para aprovechar las oportunidades que brinda la nueva movilidad para el sector del automóvil, el Gobierno trabajará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento a este sector.

También se creará una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso, con la participación de todos los agentes implicados.

De forma paralela, el Gobierno elaborará una 'Estrategia de la Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada' que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a la desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.

Además, el anteproyecto de Ley elaborado por el gabinete dirigido por Teresa Ribera, puesto que casi el 70% de las emisiones de CO2 se produce en las ciudades, insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción de medidas de lucha contra el cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones, no más tarde 2023; la puesta en marcha de medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación.

Igualmente, el anteproyecto de Ley, manteniendo así lo que figuraba en el borrador, recoge que, para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos -aquellas que en el 2018 tengan un volumen agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros- deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw.

LA OBLIGATORIEDAD AFECTARÁ A UNAS 1.000 GASOLINERAS.

A este respecto, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica estiman que esta medida afectará a unas 1.000 estaciones de servicio localizadas en centros de población con gran actividad, que representan en torno al 9% de la actual red de gasolineras.

En lo que respecta a la inversión, consideran que el coste de un punto de recarga de 22 kw asciende a unos 31.000 euros, por lo que el montante total de introducir, al menos un punto de recarga por gasolinera, será de unos 31 millones de euros.

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el año 2050.

Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.