El 29% de empresas ajustaron costes laborales en el último año y el 58% revisaron sus políticas de incentivos

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 29% de las empresas han ajustado costes laborales en el último año y el 58% ha revisado sus políticas de incentivos para ajustarlas a la situación económica de la compañía, según se desprende del informe 'Ajuste y optimización de costes laborales', elaborado por el área Laboral de BDO Abogados.

La firma de servicios profesionales ha analizado si las empresas españolas conocen los diferentes tipos de medidas de ahorro de costes laborales que existen en el ordenamiento jurídico laboral en España.

En concreto, dentro de las medidas más utilizadas por las organizaciones en el último año destaca, dentro de las consideradas por los expertos de "bajo impacto", la implantación del teletrabajo como modelo de ahorro de costes, que ha adoptado el 35% de las empresas que han tomado algún tipo de medida de este tipo.

Tras el teletrabajo, la medida de "bajo impacto" más aplicada es la profesionalización de las políticas retributivas (28%) para revisar y asegurar cuándo se debe abonar y cuándo no los diferentes conceptos retributivos y, en especial, sus fórmulas de devengo, además de revisar el cumplimiento de los conceptos del convenio colectivo, verificar mejoras voluntarias y complementos individuales para garantizar su compensación y absorción.

La tercera medida de este tipo es la revisión de la adecuación de los epígrafes de cotización (19% de las empresas), con el fin de confirmar que la compañía está cotizando correctamente a la Seguridad Social.

Por su lado, la elaboración de políticas de remuneración variable es la medida de "medio impacto" más utilizada (30% de las empresas) para vincular bonus, incentivos y/o primas a la situación económica de la empresa.

Además, la medida de "alto impacto" más empleada en el último año ha sido la referida a extinciones individuales (77,5%), frente a las extinciones colectivas/ERE/despido colectivo, que sólo habría llevado a cabo un 2,5% de los encuestados, o el propio descuelgue de convenio colectivo (12,5% de las empresas encuestadas).