El 95% de los españoles usa ya mensajería instantánea como Whatsapp como principal fuente de comunicación

Un informe de Fundación Telefónica señala que solo un 12% emplea el teléfono fijo y el 40% el móvil

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 95,1% de la población española utiliza aplicaciones de mensajería instantánea, como Whatsapp, Telegram o Facebook Messenger, como principal canal para comunicarse, según el informe 'La Sociedad Digital 2018' elaborado por Fundación Telefónica, que recoge que el uso diario de estas aplicaciones casi duplica al de llamadas de móvil.

En este sentido, el estudio constata que estos servicios crecen "de forma imparable" como primera forma de comunicación, imponiéndose incluso a la comunicación en persona, que se reduce al 86,60%. Así, el 60% de la población envía mensajes instantáneos varias veces al día, mientras que un 24% llama por el móvil y sólo un 12% por el fijo.

El uso de la mensajería instantánea es especialmente significativo entre los jóvenes, a los que en el mundo anglosajón se le empieza a conocer como 'Generación Mute'. De hecho, detalla que el 96,8% de los jóvenes españoles entre 14 y 24 años utilizó Whatsapp como canal preferente para comunicarse con familiares y amigos.

Por otro lado, el estudio también señala la elevada conectividad en España, ya que el parque de líneas móviles cerró 2018 con la cifra récord de 53,4 millones, un 2,9% más que en 2017, lo que supone 114 líneas por cada 100 habitantes, frente a la media global de 104.

Además, agrega que la cobertura de redes 4G alcanzó el 97,2% de la población y la de fibra óptica hasta el hogar el 71%, cifra superior a la suma de los porcentajes de Reino Unido, Francia y Alemania juntos, y la tercera más elevada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras Corea del Sur y Japón.

PREOCUPACIÓN POR LOS DATOS

La Fundación Telefónica también incide en el 82,9% de la población española ve muy importante la privacidad de los datos en la red, cifra inferior al 87% registrado en 2017. Además, agrega que el 57% se siente cómodo en general con el empleo de sus datos personales para lograr experiencias hipersonalizadas en los servicios.

Por el contrario, los usuarios son reacios a ceder sus datos para recibir ofertas personalizadas de productos y servicios, ya que solo un 1,5% de la población lo haría y un 4,2% los cedería a cambio de dinero, según el estudio.

Por otra parte, el estudio alerta de que en España existen al menos 10.000 puestos de trabajo sin cubrir en el sector digital por falta de perfiles cualificados, como ingenieros de software y programadores; especialistas en Big Data, inteligencia de negocio y tratamiento de datos; ingenieros especializados en robótica o diseñadores de experiencia de usuario, etc.

RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL

El informe también identifica los retos a los que se enfrenta España para aprovechar las nuevas fuentes de crecimiento que presentan las nuevas tecnologías digitales en un contexto de crecimiento económico, inclusión social y confianza ciudadana.

En concreto, menciona la necesidad de dinamizar la economía digital y eliminar la brecha digital que existe entre grandes empresas y pymes, así como el fomento del emprendimiento digital y del capital humano en general y la formación de competencias digitales para el empleo. Además, aboga por nuevos enfoques educativos que permitan desarrollar las capacidades y conocimientos necesarios y por no dejar atrás a nadie en la sociedad conectada.

Asimismo, apuesta por la potenciación de la industria conectada 4.0 y por mejorar la regulación para promover el crecimiento de las empresas y la adopción de nuevas tecnologías y procesos digitales. Además, reclama una "reforma en profundidad" de la regulaciones de mercado y que se regulen las prácticas de protección de consumidores y usuarios de las empresas digitales.

Otros retos pasan por un nuevo escenario para la gestión, propiedad y uso de los datos generados por el tráfico digital, por marcos más amplios y efectivos de transparencia y participación ciudadana en la Administración y por establecer una Carta de los Derechos Digitales. En esta línea, defiende la dimensión ética de la Inteligencia Artificial (IA) y los algoritmos en los que se basan las plataformas digitales, que deben equiparar su elevada influencia con una mayor responsabilidad.